Las decisiones que en su día tomó el ahora exdelegado de Economía y Hacienda,
Carlos Sánchez Mato
, todavía generan quebraderos de cabeza en el Ayuntamiento de Madrid. La liquidación de las cuentas de 2017, de nuevo, no cuadra con el límite de gasto marcado por el
Plan Económico Financiero (PEF) 2017-2018 que la propia Manuela Carmena aprobó para que el departamento de Cristóbal Montoro levantase la tutela a las cuentas del Consistorio, todo ello a costa de apartar a Sánchez Mato de la Concejalía de Economía. Para evitar un nuevo enfrentamiento entre ambas administraciones, la delegada Equidad y teniente de alcalde, Marta Higueras, y el actual edil de Economía, Jorge García Castaño, acudieron el pasado martes por la tarde al Ministerio. De Montoro también depende la autorización para disponer del remanente de tesorería; es decir, para empezar a plasmar el dinero sobrante del año pasado en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Estos proyectos serán clave para el resto del mandato.
Los ediles presentaron a la secretaría general técnica de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, la información contable sobre el cuarto trimestre de 2017. En este documento, al que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento defiende que «cumplen con el objetivo de la regla de gasto» en 83,24 millones; pero utilizan un método de cálculo que no es admitido por el Ministerio y que ya les rechazó en 2017. El criterio del departamento de Montoro es claro: el límite admitido por el PEF de 2017-2018 aprobado el pasado diciembre está en 3.332,10 millones y la cuantía gastada al cierre del año 2017 (el gasto financiero no computable) es de 3.385,75 millones, por lo que el Ayuntamiento incumple en 53,3 millones el Plan Económico que dividió al Gobierno de Carmena.
Que la regidora firmase el pasado 18 de diciembre este PEF, tras casi dos años de encontronazos con Montoro a cuenta de la regla de gasto, fue interpretada por el sector crítico de Ahora Madrid como «un error». Esta brecha abierta en el seno de la coalición está lejos de cicatrizarse, ya que siete de los veinte ediles de la formación así como las bases de Ahora Madrid que participaron en el Encuentro Municipalista, celebrado en Arganzuela el pasado 10 de febrero, están a favor de
movilizarse en la calle para clamar contra el PEF y pedir su «reversión inmediata»
.
Los concejales pertenecientes a IU (Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez), Ganemos y a Anticapitalistas (Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán) y Madrid 129 (Guillermo Zapata) no aprobarán un presupuesto para 2018 siempre que implique reducir el gasto. Por ello, el escenario de que las cuentas de 2017 sean prorrogadas este año está cada vez más cerca. Antes del 1 de marzo, la Junta de Gobierno debe aprobar la liquidación de los presupuestos de 2017. Según apuntan fuentes municipales, después, se abre un plazo de quince días para aprobar los acuerdos de no disponibilidad por valor de 53,66 millones de euros, la cantidad que Hacienda considera que se ha excedido el Ayuntamiento en la regla de gasto. Esta retención de crédito debe ser aprobada por la Junta de Gobierno y, posteriormente, por el Pleno, que se celebrará antes de Semana Santa.
A este recorte habría que sumar, en el caso de que se prorrogasen las cuentas de 2017, otro ajuste mayor, puesto que el gasto no financiero que permite el PEF para 2018 es de 3.783.698.232 euros; en cambio, el Presupuesto de 2017, tenía un importe de 4.328.171.928 euros. Esto se traduce en una retención de 544 millones para 2018. Con o sin prórroga presupuestaria, ambos escenarios son incómodos para Carmena. Cualquier retención de crédito derivada del PEF, es dolorosa para su grupo y levantará las ampollas en Ahora Madrid.
