Las entidades de economía colaborativa han matizado la euforia de la Comunidad de Madrid sobre la luz verde de la Unión Europea al decreto de pisos turísticos del Gobierno regional: simplemente, puntualizan, no han hecho observaciones al decreto.
Para los portavoces de Airbnb en Madrid, «existe una clara diferencia entre los anfitriones que comparten el espacio de su hogar de manera ocasional y los operadores profesionales que desarrollan un negocio». Recuerdan que «el anfitrión típico de Airbnb en Madrid gana alrededor de 3.500 euros al año compartiendo su espacio, y más de la mitad dependen de estos ingresos adicionales para llegar a fin de mes».
Por eso, proponen colaborar con los políticos madrileños para conseguir «leyes que funcionen para todos y que ayuden a la gente corriente, y no solo a las grandes empresas, a beneficiarse del turismo en sus comunidades».
La primera puntualización que hacen desde Airbnb es que «las normas propuestas por la Comunidad de Madrid no diferencian entre ciudadanos normales que comparten su hogar y operadores profesionales que desarrollan un negocio». Comparan esta situación con la de la ciudad, donde «la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció recientemente que implementará normas claras que permitan a la gente corriente compartir sus hogares sin necesidad de licencia».
Recuerdan además que «la Comisión Europea también ha defendido en numerosas ocasiones que quiere luchar contra las leyes confusas y fragmentadas que impiden que los ciudadanos puedan beneficiarse de la economía colaborativa».
