Visiblemente seria y nerviosa, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, concedió ayer unas declaraciones a los medios de comunicación al término de la comisión del ramo. Todavía no se había pronunciado tras conocerse el lunes la admisión a trámite de la querella del PP que pesa contra su persona y la del gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la compra de Bicimad.
Sabanés todavía no ha justificado por qué se pagaron 10,5 millones de euros. Volvió a reiterar que heredaron «un servicio con un contrato en muy malas condiciones, con una ampliación peor o al borde de la quiebra y con infinitos problemas». La querellada defendió la legalidad con la que se llevó a cabo la cesión del servicio, pero reconoció que perpetuó Bicimad con fallos desde que el PP de Ana Botella adjudicó el contrato.
«La situación era dejar morir o eliminar un servicio que era de una enorme importancia para la ciudad. Tengo la convicción de que se actuó no sólo acorde a la legalidad sino que se resolvió un problema que, si he de reconocer algún error a mi equipo de Gobierno, es quizás no haber llevado previamente el contrato y su ampliación a los tribunales yo misma». La responsable de la Movilidad dijo que entregarían la documentación a la jueza que ha visto indicios de malversación «con la mayor diligencia posible».
