Ni un solo euro ha dedicado la Generalitat en cuatro años a pagar el 'cheque Wert'. Hasta la fecha, el Gobierno central no ha descontado de sus transferencias a las arcas catalanas ninguna partida relacionada con el coste de la matriculación en colegios privados de alumnos que querían estudiar en castellano en Catalunya. Este es el balance de una de las medidas más controvertidas y más publicitadas de la Lomce por parte del Gobierno, que ahora ha sido enterrada definitivamente por el Tribunal Constitucional.
Desde que la reforma educativa se aprobó en octubre de 2013, con los únicos votos a favor del PP, el Ministerio de Educación ha registrado tan solo 154 solicitudes de familias que pedían que se les abonara la matrícula en un centro privado al no poder escolarizar a sus hijos en castellano en uno público. De estas, fueron estimadas unas 50. Pero ninguna se ha llegado a descontar de las cuentas de la Generalitat, según confirman a eldiario.es fuentes del departamento de Enseñanza.
En su batalla legal para impedir la implantación de la medida, el Ejecutivo catalán recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) todas las resoluciones estimatorias del Ministerio. A finales de 2016, el tribunal empezó a dictar sentencias en las que ordenaba paralizar los procedimientos a la espera de que el TC se pronunciara. Así se ha llegado hasta hoy sin que el cheque -de unos 6.000 euros por alumno- haya llegado a cobrarse a la Generalitat en ningún caso.
El corto alcance de la medida se ha percibido también en los presupuestos del Gobierno. Si en 2015 destinaron cinco millones para cubrir los gastos de estas familias, en 2016 se redujeron a un millón, y en 2017, a 500.000 euros, según Efe.
Ya desde antes de aprobar la Lomce, que se sacó adelante con los únicos votos del PP, Wert defendió que esta fórmula debía ser "excepcional y transitoria", a la espera de que Catalunya acabara por ofrecer en su sistema público clases en castellano para los padres y madres que así lo solicitaran. La intención del entonces ministro era desmantelar el modelo de inmersión en las aulas catalanas para implantar progresivamente un sistema bilingüe.
Pero el departamento de Enseñanza, entonces encabezado por la consellera Irene Rigau (CiU), optó por plantar batalla en los tribunales, y, al menos en el caso de la financiación privada de la escolarización en castellano, estos le han dado la razón. El Tribunal Constitucional considera que esta fórmula "no respeta el reparto de competencias" entre Estado y comunidades autónomas.
La sentencia del Constitucional, celebrada por todos los partidos catalanes excepto PP y Ciudadanos, llega, sin embargo, cuando el principal frente abierto contra el modelo de inmersión lingüística en las escuelas ya no se encuentra en la Lomce, sino en la aplicación del artículo 155. En sus funciones de consejero de Enseñanza, el ministro Íñigo Méndez de Vigo aseguró la semana pasada que hará los cambios necesarios en las preinscripciones para que padres y madres puedan escoger escuelas que tengan el castellano como lengua vehicular.
En un primer lugar, el Ministerio insinuó que estudiaban la posibilidad de incorporar una casilla con el castellano en la solicitud de preinscripciones, aunque posteriormente el ministro dejó entrever que la fórmula sería ampliar a un 25% las clases que se dan en castellano, algo que sucede ahora solo en los casos en los que las familias han recurrido a los tribunales. En la actualidad, son una docena las escuelas que dan este porcentaje de clases en castellano por orden del juez.
