Carles Puigdemont se ha abierto dos meses después de las elecciones a que se invista en el Parlament a un candidato alternativo. Pero, para ello, el president cesado reclama que los grupos independentistas le reconozcan una serie de prerrogativas, que no tendría legalmente sobre el papel pero sí con arreglo al pacto político de la investidura. A cambio, Puigdemont dejaría paso a un sustituto que, según la estrategia que defiende a día de hoy, debería ser Jordi Sànchez.
El papel que se quiere otorgar Puigdemont es el de presidente no de la Generalitat, sino de Catalunya, un cargo inexistente hasta la fecha y que solo sería simbólico, pues no prevé que sea una estructura vinculada a la legalidad autonómica. Ahora bien, los poderes ejecutivos asociados al cargo que el líder de JxCat quiere que se le reconozcan incluirían la designación de los consellers, incluido su sustituto, y la dirección en general del Ejecutivo a través de una figura instrumental en el papel de president de la Generalitat.
"President solo hay uno", repitió el círculo más cercano a Puigdemont cuando ERC habló de una doble presidencia a finales de enero. Vinculaban así la figura presidencial a las prerrogativas ejecutivas. Con el reconocimiento en el Parlament no solo de la legitimidad presidencial, como se suponía hasta ahora, sino también de los poderes de los que disfrutaría Puigdemont, el peso del control del Govern se desplazaría de Barcelona a Bruselas.
El equipo del president cesado apuesta sin ambages por la estrategia de la máxima tensión con el Estado, por lo que se piensa en Jordi Sànchez como nombre de reemplazo para la votación de investidura. La designación de Sànchez, que se encuentra en la prisión de Soto del Real por su actividad al frente de la ANC, pondría en un aprieto al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al obligarle a decidir entre dejar salir al reo, facilitar una investidura a distancia o vetar la investidura.
Si esto último llegase a pasar y el Supremo impidiese la investidura de un candidato que goza de todos sus derechos políticos como Sànchez, el siguiente posible investido sería Jordi Turull, ya que calculan que el conseller cesado será inhabilitado cuando Llarena le encause, algo que puede hacerse cuando hay acusaciones por delitos de rebelión (no en el caso de sedición). Sería, por tanto, el tercer president que el poder judicial español impide y una poderosa arma de confrontación con el Estado para el independentismo.
A este requisito de que el sustituto sirva para tensionar el poder judicial Puigdemont añade un control férreo sobre el Govern, propio para él y para su candidatura. Y es aquí donde sus pretensiones chocan con una ERC que asegura que el problema no vendrá del reconocimiento que el president cesado reclama, sino del dibujo del Ejecutivo que plantea. Puigdemont quiere un president de Catalunya -él mismo-, uno de la Generalitat -Sànchez y, en su defecto, Turull-, y una tercera figura que pueda llevar en el día a día los asuntos del Govern. Las tres, de JxCat. Una idea intolerable para ERC.
"¿Estamos haciendo un Govern de coalición o uno monocolor? Porque con las ofertas que nos hacen no queda claro", se queja una fuente republicana. En ERC consideran que, si Puigdemont pretende mantenerse como una suerte de jefe de Estado, la jefatura del Govern debería ser para ellos, como ocurre en los sistemas con estructura bicéfala. Aceptan, con todo, que esta doble presidencia para JxCat podría ser compensada con dos puestos orgánicamente inferiores pero de visibilidad, como pueden ser una vicepresidencia y la portavocía.
El paso al lado condicionado de Puigdemont ha sido la última propuesta que ha caído sobre la mesa para tratar de engrasar una negociación que se encuentra muy encallada, pese a lo que ERC no la ha recibido con entusiasmo desmedido. Según aseguran, ni la insistencia de Puigdemont en ser investido es el principal problema ni su retirada es la solución a todo. Investido oficialmente o no, ERC continúa preocupada por un "acuerdo global" que incluya la investidura, la formación del Govern y el programa de la legislatura.
