A golpe de extractos de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así es que como el abogado de Emerita Resources, Ramón Escudero, ha trasladado al juzgado que investiga la asignación de la mina sevillana de Aznalcóllar una lectura sobre el baile de sociedades implicadas en la misma. En un escrito de alegaciones, consultado por LA RAZÓN, defiende que de lo expuesto en el atestado se desprende que Minorbis –una de las empresas adjudicatarias junto a Grupo México– era «una sociedad carente de infraestructura» que «sólo empezó a ser capitalizada muy lentamente el mes anterior a que venciera el plazo para presentarse al concurso» por el que se otorgó el yacimiento, al recibir fondos de «las diferentes sociedades del Grupo Magtel». En ese sentido, el letrado subraya el párrafo reflejado por la Guardia Civil en el que se afirma que, «tras estudiar las partes del proyecto que los diferentes proveedores identificaron como suya y localizarlas» quedó «evidenciado» que «Minorbis había tenido una participación mínima en la confección del mismo, dado que tan sólo quedó sin determinar la autoría de una parte residual del proyecto», o que «básicamente realizó labores de coordinación para la confección del proyecto final».
Desde ese punto de partida, el representante procesal de Emerita pone el acento en que, pese a que, según los investigadores, «Minorbis era una sociedad sin capital propio ni humano ni técnico ni económico, que sólo ejercía labores de coordinación, subcontratando todos los servicios» a otros entes; «la Junta la consideró la empresa más solvente económica y técnicamente para adjudicar el concurso». Es más, matiza, llega a transmitir al juzgado que «se presenta en solitario al concurso, y no como consorcio».
Además, tras encarar la parte del informe policial en la que se analizaban diferentes pagos entre Grupo México y Minorbis, Escudero subraya que el primero acordó con la segunda una serie de operaciones: la entrega de «un 1,30 por ciento de participaciones en Minera los Frailes, valoradas en 1.210.000 euros» en concepto de «compensación» de una deuda de ese importe «por servicios de coordinación previa»; el reembolso de «los gastos relacionados con el ‘impulso y desarrollo del proyecto’», por un «máximo de 1.000.000 euros», a pesar de que la UCO los fija en «1.045.111,98»; y la venta de «otras 13.912 participaciones» por una cuantía de «1.290.000 euros», lo que supone que Minorbis tuviera «un total de un 2,68 por ciento de Minera los Frailes SL».
El abogado de Emerita, una de las empresas perdedoras, no entiende el mencionado «pago extra de 1.210.000 euros como 'compensación'», sobre todo, «teniendo en cuenta que Grupo México controla Minera los Frailes, es decir, es quien se ha quedado con los recursos mineros sacados a licitación, y dado que ya compensó a Minorbis por sus gastos». «Resulta evidente que esa 'compensación'», expone en su escrito elevado al juzgado, «es un pago por ser un mero conseguidor que, tras obtener el concurso, se lo entrega a un tercero de forma irregular, cobrando por ello 1.210.000 euros en participaciones sociales». Resalta además que los 1.046.848,11 euros que en efecto «ingresó Minorbis» fueron «inmediatamente reembolsados a las otras sociedades del Grupo Magtel», dejándola otra vez, anota, «descapitalizada».
Al margen de las cifras, Escudero no se olvida del poso ambiental. Transmite a la jueza que para la UCO, la Junta «tenía constancia del desastre ecológico provocado por Grupo México en el río Sonora» y se pidió un informe a la Comisión Técnica, aunque luego se dejó sin efecto ese requerimiento. Una decisión de «muy difícil explicación», para el letrado, dado el historial de Aznalcóllar.
Petición de información en curso a la CHG
La representación procesal de Emerita Resources ha pedido al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que cimenta el «caso Aznalcóllar» que requiera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que responda «a la mayor brevedad» un par de cuestiones. De un lado, que aclare «la razón» por la que se han hecho modificaciones del proyecto de Minera Los frailes o del consorcio Minorbis-Grupo México que resultó el ganador de la mina de Aznalcóllar, «en lugar de implementar el original». De otro, que detalle en qué consisten esos cambios. La instructora de la causa, Patricia Fernández, ha accedido a la solicitud en una providencia, fechada el pasado 8 de febrero y consultada por este periódico, y ya le ha dado curso.
