La Sindicatura de Greuges remitió el pasado día 15 de febrero una carta al conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, en la que le afea su actitud por «entorpecer la labor de investigación de esta institución» al no haber remitido el informe solicitado sobre la queja presentada por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de la provincia de Valencia (FCAPA).
Esta es, al menos, la segunda vez que el síndic advierte a Marzà sobre su comportamiento «entorpecedor» y le avisa de que si persiste en el mismo serán informadas Les Corts y su actitud se publicará en las incidencias de la memoria que anualmente publica la Sindicatura. La queja anterior, también adelantada por LA RAZÓN, hacía referencia a circunstancias muy similares ya que el departamento que dirige Marzà tampoco ha contestado al requerimiento del síndic para que aclare si colabora en la difusión de una agenda escolar de carácter marcadamente catalanista.
En esta ocasión, la petición de FCAPA a la que no ha atendido la Conselleria hacía referencia a la información relativa al decreto de plurilingüismo.
Según explicó Vicente Morro, presidente de la Federación, «intentamos verbalmente tener conocimiento de la propuesta de decreto que establece el modelo lingüístico valenciano para poder hacer nuestras aportaciones necesarias en la Mesa de Padres, a través de la Comisión Permanente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana».
Sin embargo «ninguno de los destinatarios ha atendido las solicitudes».
Consideran desde FCAPA que «la actitud descrita por la administración educativa es escasamente democrática».
Vicente Morro incidió también en que la Federación que preside «tiene un interés directo y legítimo en el asunto» y denuncia que el escrito de alegaciones que presentaron al proyecto de decreto el 30 de noviembre de 2016 no ha sido remitido al Consell Jurídic Consultiu.
Por todo ello, la Federación de Asociaciones de Padres interpuso la queja a la Sindicatura que es ahora la que toma cartas en el asunto para reprochar al conseller su actitud.
El síndic le recuerda que «la Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, y lo mínimo que ha de ofrecerle es una respuesta directa, exacta, rápida y legal, encontrándonos ante una de las manifestaciones legislativas del derecho a obtener una resolución expresa dentro del plazo».
Por último, la Sindicatura da quince días a Marzà para que entregue informe sobre la queja remitida por la Federación católica de padres de alumnos.
