El acogimiento familiar, como alternativa a la residencia en centros, es la fórmula prioritaria para el desarrollo de los menores amparados por el sistema de protección. En Galicia, el 56% de los cerca de dos mil quinientos chicos y chicas bajo guarda o tutela de la Xunta residen con familias de acogida (propia o ajena), una proporción que, según recriminó ayer En Marea y admitió el conselleiro de Política Social, se mantiene por debajo del 58% del promedio estatal, pero registra, según defendió también el titular del departamento autonómico, una evolución sostenida. «En 2013 el porcentaje era del 48%; en 2014, del 52, y en 2017, del 56%. Hemos aumentando en un 30% la compensación a las familias en 2018 y esperamos notar los efectos», apuntó José Manuel Rey Varela durante su comparecencia a petición propia en el Pleno para desgranar las medidas de protección de la infancia desplegadas por su departamento, que este año eleva en un millón de euros el presupuesto para compensación de gastos a los hogares de acogida, hasta alcanzar los 3,4. «Si queremos que Galicia sea un buen lugar para ser niño, tenemos que garantizar que todos los niños puedan tener una familia», dijo, incidiendo en la voluntad de su equipo de «seguir trabajando» para favorecer el acogimiento familiar.
Rey Varela defendió asimismo el incremento del 13% operado en los fondos destinados a los centros residenciales, que cuentan este año con 32,2 millones de euros. Una inyección, consideró, «que era absolutamente necesaria» y que permitirá la reapertura del centro Montealegre de Orense.
Rey Varela anunció la próxima aprobación de la Estrategia Gallega de Infancia y Adolescencia (EGIA) y la creación en este semestre del Observatorio de la Familia. Se refirió también a la implicación de la Xunta en la acción europea contra la violencia sexual en la infancia «Uno de cada cinco», con las campañas «37Mil Sonrisas» y «Encendamos la Luz» orientadas a destapar los abusos. El conselleiro reclamó la colaboración de todos en la detección de situaciones de desprotección —«una simple sospecha debe ser suficiente para ponerlo en conocimiento de los servicios profesionales», dijo— y en este ámbito se refirió a la participación de Galicia en el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), con más de dos mil profesionales de centros educativos y cuerpos policiales conectados en la Comunidad, y al teléfono de apoyo a la infancia 116 111, que en 2017 recibió 1.308 llamadas gallegas.
La oposición acusó al conselleiro de pasar por alto la indisoluble relación entre el impacto de la crisis en las familias y la desprotección de la infancia —«no puede ser un buen lugar para ser niño aquel en el que el 28% de la población menor de 18 años reside en hogares en riesgo de exclusión», recriminó la diputada socialista Noela Blanco— y dirigió propuestas concretas, algunas recogidas por Rey Varela, como la conexión al RUMI de los profesionales sanitarios o la ampliación del número de puntos de encuentro familiar habilitados para evitar desplazamientos a los menores.
En respuesta a la portavoz socialista, Rey Varela contrapuso el 4% de pobreza infantil severa registrado en Galicia, con el 29% de Andalucía. «No estamos orgullosos», aclaró en cualquier caso, demandando la colaboración de todos para avanzar en la protección de la infancia.
