El expresidente de Catalunya Caixa y exministro socialista Narcís Serra ha alegado este martes en la Audiencia Nacional que el Banco de España supervisó la expansión inmobiliaria de la entidad financiera y su posterior salida ordenada del sector, un proceso que arrastró al banco, que terminó rescatado con 12.000 millones de dinero público. Serra, imputado por un delito de administración desleal, ha negado la mala gestión y ha señalado que los reguladores estaban plenamente de acuerdo con la estrategia del banco, informaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Se ha marchado "tranquilo".
La Fiscalía Anticorrupción denunció a Serra y otros catorce antiguos dirigentes de Catalunya Caixa por perjudicar a la entidad financiera desde sus cargos, sin proteger los intereses del banco. El Ministerio Público considera que los banqueros se lanzaron a un proceso descontrolado de inversiones inmobiliarias, plagado de "notables irregularidades", sin contrastar la fiabilidad de los socios. Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el órgano del gobierno para sanear el sector, dieron la voz de alarma. Solo por las operaciones inmobiliarias entre 2001 y 2007 se creó un agujero de 700 millones de euros.
Los banqueros que han comparecido este martes -además de Serra, los ex directores generales del banco Adolf Todó y José María Loza- han dado a entender que el Banco de España y el Frob marcaron el camino del banco y que las actividades investigadas estaban "consensuadas" con el supervisor. Serra ha explicado que ambos organismos avalaron el cambio de Loza por Todó, que coincidió con el cambio de modelo de negocio, y la estrategia de sustitución de socios de Procam, la inmobiliaria de la caja, según han informado otras fuentes jurídicas. También han defendido "la buena formación" de los consejeros de la entidad.
Sobre las operaciones inmobiliarias cuestionadas también han mostrado ninguna duda. Los banqueros han asegurado que todas cumplieron "los controles" necesarios y los procesos internos. Han expresado que la prueba es que se realizaron "unas 600 o 700 operaciones" que salieron bien, por unas 30 frustradas. También han rechazado que en aquel momento pudiera vislumbrarse el batacazo que provocaría la fuerte crisis económica que estaba por venir y han recordado que incluso en 2008 se hablaba de "brotes verdes". Para explicar el agujero, los investigados han expuesto que la ordenación que realizó el sector financiero a través de la Sareb, el banco malo, infravaloró el valor de los inmuebles, lo que llevó a las pérdidas.
Narcís Serra y Adolf Todó también serán juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona por los sueldos supuestamente desorbitados que cobraron durante la recesión que golpeó a la economía española. En ese proceso se enfrentan a cuatro años de prisión por dos delitos de administración desleal. De la declaración de la Audiencia Nacional, una diligencia de la investigación, han quedado libres sin medidas cautelares.
