La controvertida «policía política» que Aragón decidió crear el año pasado ni se ha constituido ni se sabe cuándo lo hará. La creación de ese ente sigue en el aire más de dos años después de que PSOE y Podemos se pusieran de acuerdo para liderar la Ley de Integridad y Ética Públicas de Aragón, que finalmente fue aprobada por las Cortes de Aragón hace ya nueve meses.
Aquella ley fue aprobada por las Cortes de Aragón el 1 de junio del año pasado. El PP puso el grito en el cielo por entender que, en la práctica, amparaba la creación de una suerte de «policía política», la Agencia de Integridad y Ética Públicas, con amplias atribuciones de investigación, persecución y denuncia que afectaban tanto a políticos como a empleados públicos y a particulares.
El PP y el PAR criticaron duramente la creación de esa agencia, a la que compararon con la «Stasi» de la Alemania comunista o con la Brigada Político Social del franquismo.
Los grupos de izquierdas, sin embargo, mantuvieron la creación de ese nuevo organismo bajo el argumento de luchar contra la corrupción y de velar por la ética y la integridad en al política. PP y PAR insistieron en que, en la práctica, eso no solo iba a suponer la invasión de competencias de otras instancias que tienen encomendadas esas funciones -los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía e incluso los jueces de instrucción- sino que se podía favorecer la aparición de un ente susceptible de ser puesto al servicio de los intereses partidistas, para perseguir a adversarios políticos o incluso funcionarios díscolos con el poder.
El PSOE consideró desproporcionadas esas críticas, insistió en que el objetivo es dotar a Aragón de un ente encargado de velar por la limpieza y contra la corrupción poítica y adminsitrativa, y que las funciones a desarrollar por ese organismo serían respetuosas con los ámbitos competenciales del resto de instancias que tienen entre sus cometidos velar por el principio de legalidad.
Finalmente, sin embargo, las Cortes de Aragón aprobaron aquella ley que contempla, entre otros apartados, la creación de esa
controvertida agencia aragonesa anticorrupción
. Sin embargo, ni se ha puesto en marcha ni se sabe cuándo se activará.
El Gobierno aragonés, en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del PP, acaba de afirmar que no está en su mano crear dicha Agencia de Integridad y Ética Públicas, ya que eso es competencia exclusiva de las Cortes regionales. La propia ley establece que dicho ente dependerá directamente de las Cortes de Aragón, que es a las que corresponde su creación y la designación de sus miembros. Pero las Cortes de Aragón tampoco han tomado iniciativa alguna en este sentido.
Ni PSOE ni Podemos han dado ningún paso formal para activar el proceso de creación de esa agencia anticorrupción, ni el asunto ha sido tratado en la Mesa de las Cortes ni en la Junta de Portavoces del Parlamento regional.
Mientras tanto, la portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Marián Orós, ha insistido en que debería descartarse de plano la puesta en marcha de esa agencia. «Es un elemento que distorsiona la separación de poderes, se le atribuyen potestades que no corresponden a un órgano de designación política y que, además, solapa funciones que tienen encomendadas otras instancias de control, fiscalización y control de legalidad», ha subrayado Orós.
