La Junta primará en las licitaciones de sus contratos y en las convocatorias de subvenciones a aquellas empresas que posean la distinción «Óptima», es decir, que estén comprometidas con la igualdad laboral entre hombres y mujeres y que hayan puesto en marcha medidas al respecto. Así sucederá una vez que el Gobierno regional apruebe el decreto con el que se pretende reforzar una marca, creada hace quince años (sólo se han adherido 71 empresas) , y que hasta ahora estaba regulada mediante una norma.
La consejera de Familia, Alicia García, acompañada por la directora general de la Mujer, Esperanza Vázquez, presentó este pasado lunes una medida que ha sido acordada en el seno del Diálogo Social con representantes de los sindicatos y de los empresarios. El objetivo, según apuntó, es que «a las empresas les sea rentable conseguir la distinción «Óptima» , no sólo en el ámbito de la responsabilidad social y de los beneficios sociales, sino también en lo relativo a ventajas y competitividad».
De esta forma, se busca actualizar y modernizar la marca para convertirla en «un instrumento útil» e incorpore una serie de ventajas para las empresas que la posean. Así, se considerará que tener esta distinción acredita oficialmente que la empresa o entidad realiza actuaciones que repercuten positivamente en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, por lo tanto, será considerada como documento oficial con valor probatorio en aquellas licitaciones que incorporen cláusulas sociales. Además, en el caso de las ayudas públicas y subvenciones, las bases reguladoras podrán tener en cuenta esta calificación para su concesión.
La consejera avanzo, además, que se va a impulsar la aprobación de unas directrices de contratación dirigidas a todas las consejerías para que incorporen tanto a las contrataciones como a las subvenciones medidas que fomenten la igualdad de género. Los requisitos para que una empresa sea «óptima» pasan por la implantación de planes de igualdad, contar con comités o agentes de igualdad o tener un protocolo de acoso sexual, todo ello acordado con la representación legal de los trabajadores.
