Los letrados del Parlament de Catalunya no han dado en los últimos tiempos buenas noticias para los independentistas. Pero el informe que han entregado este viernes sobre los plazos de la investidura ha servido para quitar la espada de Damocles de la repetición electoral de las cabezas de JxCat y ERC. Con el reloj parado, las conversaciones entre ambos podrán desarrollarse en un clima más pausado que hasta ahora.
Los independentistas tienen sobre la mesa dos asuntos prioritarios: la propuesta de resolución con la que se pretende reconocer desde el Parlament la legitimidad de la presidencia de Carles Puigdemont y las vías para tratar de volver a investirle de forma efectiva. El reconocimiento simbólico no sería problemático, más allá de algunas discrepancias formales. Otra cosa es la investidura, verdadero nudo gordiano de las negociaciones que, hasta que no se resuelva, no desbloqueará las conversaciones sobre el programa de legislatura y el reparto del Govern.
Desde finales de enero JxCat impulsa una modificación de la ley de la presidencia para introducir la previsión de celebrar investiduras a distancia. ERC recela abiertamente de esta vía, pues considera que tanto la modificación de la ley como la propia investidura serían recurridas y paralizadas en el Constitucional, abriendo la puerta a alargar el 155.
Ante la falta de acuerdo, JxCat ha optado por registrar este viernes la modificación legal ante el Parlament. Lo ha hecho en solitario, sin ERC, dando así inicio a los trámites parlamentarios para llevar a cabo una modificación así. Gracias al procedimiento exprés, avalado por el TC, la lista de Puigdemont estima que la modificación podría ser completada en unas dos semanas. Pero para ello deberán convencer tanto a ERC como a la CUP. La oposición ya ha anunciado que esta maniobra no les saldrá gratis.
En el grupo más numeroso del independentismo están convencidos de que la reforma de la ley es una vía con posibilidades de éxito para la investidura de Puigdemont. Según su cálculo, serviría para esquivar las medidas cautelares impuestas por el Constitucional a la investidura de Puigdemont. Sin embargo incluso si los independentistas consiguieran llegar hasta aquí, la presidencia del president quedaría suspendida de inmediato tras el recurso que el Gobierno ya ha anunciado que interpondrá.
Los republicanos por su parte desean introducir un ritmo más pausado en las negociaciones, que hasta ahora han avanzado de forma desordenada y desigual sobre los diferentes asuntos a pactar. ERC asegura estar buscando un "acuerdo global", que solucione a la vez la investidura, la formación del Govern y el programa de la legislatura.
Fuentes de la formación aseguran a eldiario.es que, sobre el programa del Govern, uno de los puntos centrales será la fase previa a un proceso constituyente que pretenden poner en marcha en esta legislatura, aunque quizás con otro nombre. Esta propuesta ya aparecía en el documento del preacuerdo que quedó abortado con la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de suspender el pleno de investidura.
Más complicada es la formación del Govern. La sintonía inicial es reequilibrar el peso de cada partido en el Govern, pasando del reparto 60%–40% entre el PDeCAT y ERC de la pasada legislatura a uno al 50%. Esto haría que ERC obtuviera más parcelas gubernamentales, que los republicanos desean que salgan del departamento de la Presidència, una de las consellería más políticas por su importancia en la relación con los medios de comunicación y su exposición pública. Las conversaciones sin embargo no han llegado a este nivel de detalle, ya que están encalladas en las propuestas sobre la investidura.
Mientras JxCat y ERC tratan de encarrilar estos acuerdos, la CUP se mantiene al margen. Los anticapitalistas, visiblemente molestos con la confusión generada en torno a las negociaciones, anunciaron esta semana que no valorarían ninguna propuesta que no les llegase de forma conjunta de ambos partidos. Desde la candidatura sí se han abierto a la investidura de un candidato alternativo a Puigdemont, que antes negaban, pero continúan poniendo el acento en un programa de gobierno que, en la mesa de los partidos grandes, sería uno de los puntos sobre los que sí se avanza a buen ritmo.
