El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha ordenado que se investiguen las cuentas del consorcio público-privado Diplocat con el fin de averiguar si figuran pagos a los observadores internacionales que se desplazaron a Cataluña con motivo de el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Así lo expone el magistrado en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press con la que atiende al requerimiento formulado por la Guardia Civil de cara a esclarecer si se produjo delito de malversación de fondos públicos para emplearlos en la consulta.
La Policía Judicial pide que se rastree en las cuentas del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña por si de estas se abonaron gastos de viaje y alojamiento derivados de la presencia de diversos observadores internacionales para verificar el referéndum anulado por el Tribunal Constitucional.
Recuerda en su oficio que ya se solicitó a la Asesoría Jurídica de la Generalitat información sobre los costes económicos del referéndum ilegal, en concreto sobre el traslado, la estancia y dietas de los distintos observadores internacionales.
El órgano respondió que la celebración de la consulta no supuso desembolso para ningún departamento del Gobierno que presidía Carles Puigdemont, sin embargo el Instituto Armado considera que, "dada la opacidad para esclarecer la posible malversación y concretamente el papel diseñado por Diplocat", se debe acceder al denominado Punto Neutro.
Se pide recabar información sobre el listado de trabajadores del consorcio dados de alta en la Seguridad Social, las cuentas del ente que constan en la Agencia Tributaria y aquellas en las que figure como titular o autorizado el exsecretario general de Diplocat Albert Royo.
El magistrado investiga desde febrero del año pasado por presuntas irregularidades en torno al proceso soberanista a una decena de personas, entre las que se encuentran el exjuez Santiago Vidal, el exsecretario de Hacienda catalán Lluis Salvado y el que fuera secretario general de Vicepresidencia Josep María LLové.
Esta misma semana el Tribunal Supremo acordó mantener la disolución de Diplocat acordada por el Gobierno mediante Real Decreto el pasado 27 de octubre. El alto tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por la Associació Catalana de Municipis (ACM) de dejar en suspensión esta decisión que el Ejecutivo de Mariano Rajoy adoptó por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
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