La expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell le dijo al juez, durante su declaración en el Tribunal Supremo el pasado 9 de enero, que no es delito ejercer el derecho de autodeterminación. Admitió que los letrados de la Cámara regional le advirtieron de las leyes que no se podían tramitar por estar anuladas por el Tribunal Constitucional, pero ella alega que eso lo hicieron por «autoprotección» y por «exceso de celo».
Forcadell dijo, durante el interrogatorio que le realizó la fiscal Consuelo Madrigal, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ella no entendía que el mandato del Tribunal Constitucional pudiera limitar la capacidad del Parlamento catalán para debatir y alegó que el «Pleno es el órgano supremo» para decidir lo que se debate en la Cámara.
A ello añadió que ella no leía las iniciativas que se presentaban y que la Mesa las daba curso sin entrar en el fondo y sin leerlas, solo si formalmente eran correctas. Pero ante la pregunta de la fiscal sobre si habría dado trámite a una Ley que legalizara la esclavitud si estaba correctamente presentada, la expresidenta del Parlament alegó que no lo tramitaría por ir en contra de un derecho fundamental.
Consuelo Madrigal le insistió en que entonces, lo leería, y Forcadell trató de justificarse alegando que de una cosa así se habría enterado por que causaría mucho revuelo.
La declaración de esta investigada en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo contra el «procés» y el referéndum ilegal de independencia duró más de dos horas. En ella, la fiscal trató de desgranar la participación de Carme Forcadell en todos los pasos que se dieron en Cataluña en dirección hacia la independencia.
Además del papel que tuvo ésta como presidenta de la ANC, la fiscal se detuvo especialmente en el papel que jugó como presidenta del Parlamento catalán, en la tramitación de todo lo relacionado con el «procés» y sobretodo en la tramitación de las leyes de referéndum y de transitoriedad que se aprobaron en la Cámara catalana los días 6 y 7 de septiembre.
Ante sus insistentes preguntas, Carme Forcadell trató de justificar la aprobación de las leyes contrarias al ordenamientos constitucional, pese a las advertencias del TC, alegando que estas leyes se incluyeron porque lo decidió el Pleno del Parlamento catalán, órgano al que calificó de «supremo». Forcadell se escudó en que no es «potestad suya» alterar el orden del día que fijen los diputados en el Pleno.
Según dijo, el Reglamento permite que dos grupos o un quinto de los diputados puedan proponer un cambio en el orden del día, se vota y si se gana, se introduce el punto. Así sería como se incluyeron ambas leyes, según dijo. «Estarán o no de acuerdo, pero es así señoría», espetó.
Además, dijo no entender que «el mandato del TC que limite la capacidad del Parlament a debatir sobre todo aquello que interesa a los ciudadanos», dejando claro que ponía al Parlamento catalán por encima de las resoluciones del TC. En este sentido, repetió en reiteradas ocasiones que en la Cámara legislativa se tiene que poder hablar de todo. Además, en su opinión, el control del Tribunal Constitucional se tiene que hacer «a posteriori».
No obstante, según Forcadell, el Parlamento catalán no tuvo nada que ver con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre porque, según ella, la Cámara no tiene ninguna capacidad de implementar lo que aprueba. Alegó que la decisión de ir a votar fue «personal» de cada uno y no entiende que esto sea delito, como tampoco cree que lo sea «ejercer el derecho de autodeterminación».
La fiscal la preguntó si discrepaba de las resoluciones del TC. «No es que discrepe, es que no lo considero delito. Lo entiendo como un ejercicio de libertad de expresión», recalcó.
Al ser preguntada si le eran notificadas las resoluciones del TC llegó a responder que no lo sabía ya que suponía que sí. Aunque sí reconoce que los letrados de la Cámara le dijeron que iba a contravenir las sentencias del TC con la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica.
En este caso sí admitió que lo habían asumido los diputados de Junts pel Sí para «proteger a los funcionarios», pero considera que las advertencias que hacían los letrados no eran vinculantes.
«Entiendo que ellos hacen su trabajo y desde el punto de vista jurídico», exclamó, pero enmarcó estas leyes «en el debate político». Aunque sí reconoce que «no se hizo una tramitación normal», pero insistiendo en que el Reglamento permitía lo que se hizo. También admitió que ella «lo podía haber hecho mejor» dando más tiempo a los partidos en la tramitación de esas leyes.
En cuanto a la declaración de independencia que se firmó en el Parlamento catalán por parte de todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP, Carme Forcadell aseguró que se trató de una «declaración política, una declaración simbólica» y «sin efectos jurídicos».
Según la expresidenta de la Cámara, ella leyó una parte de las propuestas de resolución porque se lo pidió el Grupo Parlamentario, en concreto, el actual presidente del Parlament, Roger Torrent.
Rechazó también que la presencia de los alcaldes de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) en el Parlament fuera para presionar y asegura que les habían pedido previamente que «se comportaran» y «no gritasen».
«No se inició ningún trámite parlamentario porque como usted ha dicho no se registró ni se votó», insistió la investigada, que recalcó que se trató de «una declaración política como tantas otras muchas que ha habido en el Parlament» que se había hecho a petición de los grupos parlamentarios y en la que la Mesa no tenía nada que ver.
