El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de Ley que propone aplicar la prisión permanente revisable a los violadores en serie, a los secuestros que acaban con la muerte del rehén y a aquellos que atenten contra infraestructuras clave como puertos, aeropuertos, carreteras, estaciones y en trenes.
Pero también plantea ampliar su aplicación a los casos en que se pretenda ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, en aquellos abusos sexuales contra menores tras privarles de libertad o torturarles y por incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.
Con esta propuesta, el Ejecutivo -sostiene- que pretende sumarse al debate abierto en torno a la prisión permanente revisable con la incorporación de estos cinco nuevos tipos delictivos que responden a una "demanda social" sobre una figura penal que cuenta con un apoyo del "entre el 70 y 80%" de la población, en un momento en que la oposición pretende derogar una medida que existe en toda Europa.
Tanto es así que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido al término del Consejo de Ministros que "no ha sido el Gobierno quien ha puesto la prisión permanente revisable en la mesa de debate sino los grupos que pretenden su derogación directa sin matices".
