El Gobierno ha dado luz verde este viernes a la ampliación de los supuestos para imponer la pena de prisión permanente revisable, vigente desde el año 2015, y ha expresado su confianza en que los grupos parlamentarios no apoyen su derogación, con la iniciativa que presentó el PNV y que se está tramitando en el Congreso en este momento.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de prisión permanente revisable, incorpora otros delitos, como son la obstrucción en la recuperación de cadáveres, el asesinato después de secuestro, las violaciones en serie (una persona condenada con anterioridad por dos delitos de violación), la violación menor tras privarle de libertad o torturarle y las muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.
El ministro ha rechazado tajantemente que el Gobierno esté tomando una decisión en caliente, como se le ha criticado desde la oposición. Solo el PP ha apoyado la prisión permanente revisable desde que se incorporó al Código Penal, y el resto de los grupos se ha unido para su derogación ahora en el Congreso. Ciudadanos se ha abstenido hasta ahora, aunque está empezando a cambiar de criterio.
Catalá ha señalado que España lleva diez años debatiendo sobre este asunto, y es ahora, cuando hay peligro de que una mayoría tumbe esta institución en el Congreso, el momento en que el Gobierno ha decidido fortalecer y «perfeccionar» la pena de prisión permanente revisable con otros supuestos.
El ministro ha explicado que el principal aval con el que cuenta el Gobierno es la voluntad de los ciudadanos. Así, ha recordado que reiteradamente la opinión publica se ha manifestado, en torno al 70-80 por ciento, en el sentido de que es razonable que para delitos los más graves exista una pena como esta. «Y son votantes de todos los partidos» los que apoyan la medida, ha remarcado.
Pero el Gobierno también ha insistido en que esta pena existe en toda la Unión Europea, con las únicas excepciones de Grecia y Portugal, y en un número de supuestos que en muchos casos está por encima que en el caso de España.
