La petición por escrito de José Luis Rodríguez Zapatero a la oposición de Venezuela para que suscribiera en Santo Domingo un acuerdo con el Gobierno y apoyara la convocatoria de elecciones presidenciales es «indignante». Así la califica la abogada de derechos humanos Tamara Suju, exiliada desde 2014 por el acoso al que la sometía el régimen de Nicolás Maduro por sus denuncias de torturas. «Esa carta donde exige a la oposición aceptar unos términos que nos indignan como venezolanos, unas elecciones amañadas y sin observadores de la Unión Europea, una comisión de la verdad integrada por los victimarios y convivir con una asamblea nacional constituyente ilegal es una barbaridad», aseguró Suju en una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid junto al también letrado Juan Carlos Gutiérrez, que defiende al líder opositor en arresto domiciliario Leopoldo López, con motivo del examen preliminar sobre Venezuela abierto por la Corte Penal Internacional (CPI).
A juicio de la abogada, el expresidente del Gobierno español «dejó de ser un mediador imparcial y pasó a ser usado por el régimen para acorralar a la oposición», ya que «mediador no es uno que funge a favor de un bando», señaló. Según subrayó, la oposición a la que Rodríguez Zapatero se dirigía está «secuestrada» y es «víctima» de lo que calificó de una «narcotiranía». «Son unos gánsteres, no se puede ir a un diálogo con una pistola», comentó.
En su misiva, que se conoció este jueves, el ex jefe del Ejecutivo abroncaba de este modo a la delegación opositora encabezada por Julio Borges: «De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos».
Según Rodríguez Zapatero, las negociaciones en la capital de la República Dominicana culminaron «en un consenso básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela», que se habría concretado en un documento presentado a las partes que, según su criterio, «da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses».
En este sentido, se refiere al «acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática».
Las propuestas descartadas del cardenal Parolin
Para Tamara Suju, la ruta que se debía haber aceptado para ese diálogo era la marcada en la carta enviada en diciembre de 2016 por el cardenal Pietro Parolin en nombre del Papa Francisco y del Vaticano en la que planteaba la «implementación urgente de medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas», la necesidad de «un camino electoral” y la «liberación de los detenidos». Sin embargo, esa propuesta no se aceptó en el diálogo entablado en Santo Domingo, recordó.
Por otra parte, los dos letrados recibieron con «gran esperanza» la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ya que confían en que contribuyan a que cesen las «torturas sistemáticas», las «detenciones arbitrarias» y las «ejecuciones extrajudiciales», entre otras violaciones de los derechos humanos que, señalaron, continúan en la actualidad en el país caribeño. Suju indicó que en sus denuncias ante la CPI ha recogido 357 casos de torturas, en 190 de las cuales se incluyen abusos sexuales de diverso tipo.
