La familia de Miguel Ángel Domínguez Espinosa y María Domínguez Olmedo, asesinados brutalmente en abril de 2013, ha emitido un duro comunicado en el que compara al TSJA con Poncio Pilatos y dice que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía distingue "entre ciudadanos de primera y de segunda".
Así, indicaron que "queremos manifestar nuestra más profunda indignación y desacuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que constituye la sentencia de Poncio Pilatos, porque no viene sino a lavarse las manos ante un delito de máxima gravedad y ante el que el propio alto tribunal andaluz rechazó su puesta en libertad en septiembre de 2017".
Además, añade, la sentencia "es de un nivel jurídico bajo y viene a recoger los mismos términos jurídicos que la sentencia de la Audiencia Provincial que daba cabida a un veredicto carente de motivación, incongruente y arbitrario". Para esta familia, "resulta sorprendentemente increíble que el propio TSJA remarque en su exposición que «con tales indicios habría sido posible un veredicto de culpabilidad que no habría podido ser combatido» y que «no puede considerarse como imposible que la impregnación de ADN se debiera a un contacto directo con las toallas del entonces acusado».
Es decir, explican, "el propio TSJA no descarta la posibilidad de que el entonces acusado pueda ser autor de los hechos que se le imputaban y aun así, no entra a considerar elementos relevantes del veredicto emitido por el Jurado Popular que solo han estimado alegatos de la defensa como el testimonio de la ex pareja del que era acusado, al que la propia madre del entonces imputado llegó a calificar en el juicio oral como «si de una hija se tratase» o la descabellada comparativa de equiparar el análisis de ADN del Instituto Nacional de Toxicología (INT) con el del peritaje pagado por la defensa. El TSJA no ha atendido para nada los motivos de nuestro recurso de apelación ni de la propia Fiscalía y observamos importantes errores en la redacción de la sentencia que serán expuestos en el recurso de casación que presentaremos ante el Tribunal Supremo, lamentando considerablemente que la Fiscalía no nos apoye en dicho recurso aunque no descartamos que se pueda adherir al mismo".
Por otro lado, "alzamos la voz más que nunca para exigir al Estado, a través del Ministerio de Justicia e Interior, amparo para una familia que ha perdido de manera cruel a dos seres totalmente inocentes como un padre y su hija de ocho años en su propio domicilio acuchillados con cerca de 150 puñaladas", afirman antes de lamentar que "somos ciudadanos a los que el Estado tiene el deber de proteger y solicitamos desde ya una reunión con el Ministro del Interior para conocer qué medidas se van a tomar en cuanto a la investigación, porque el trabajo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) ha quedado en agua de borrajas".
En ese sentido, "expresamos nuestro alegría por el esclarecimiento del caso de Diana Quer, al que por enésima vez expresamos nuestras condolencias y satisfacción por la resolución de dicho asunto, pero rechazamos de plano y criticamos la postura de la UCO de diferenciar entre ciudadanos de primera división y ciudadanos de segunda división como puedan ser considerados por la UCO Miguel Ángel y María. Y realizamos esta denuncia porque no entendemos como para el caso de Diana Quer la UCO puso en escena a toda su plana mayor con los máximos responsables de la misma para explicar los motivos de la detención del presunto asesino de la muerte de Diana Quer y en nuestro caso y ante las reiteradas peticiones familiares para que salieran públicamente a explicar los motivos que condujeron a la detención del que era acusado en nuestro caso no han hecho ni el mínimo intento".
En estos cinco años esta familia "ha alabado la actuación de la UCO, pero al mismo tiempo le hemos pedido que saliera a explicar los pormenores de la investigación, y la motivación que se nos daba era que no se dedicaban a ello, algo que se contrapone con lo que acabamos de ver en el caso Diana Quer".
Por ello, exigen "al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que nos pueda ofrecer una respuesta al respecto mediante la convocatoria de un encuentro que le vamos a hacer llegar y para conocer qué piensan hacer con nuestro caso, porque para nada estamos dispuestos a aceptar que este asunto en el que hay asesinada una niña de ocho años se vaya a convertir en un cachondeo judicial y de investigación como ha sido el caso de Marta del Castillo". "No queremos que nuestro caso se convierta en un caso Marta del Castillo en segunda edición. Exigimos la protección del Estado a través de los ministerios de Justicia e Interior como ciudadanos desamparados y asustados ante la existencia de un asesino suelto en el pueblo de Almonte, un asesino de una niña de ocho años y de su padre en su propio hogar", apuntan.
El comunicado relata que "estos casi cinco años de auténtico calvario no pueden ser prolongados por más tiempo porque nuestra paciencia se acaba y durante tres años la justicia profesional ha mantenido encarcelado al que era presunto asesino de los execrables hechos y el apunte de la UCO que a día de hoy sigue manteniendo lo que reflejó en su informe de detención, que el autor de los hechos es el hoy absuelto; a pesar de ello, el veredicto de un jurado popular totalmente incongruente y falto de motivación ha dicho que el trabajo de la UCO es una auténtica chapuza, cuestión esta que los abogados de la defensa han repetido hasta la saciedad para desacreditar a la UCO comparándola con la UCO del caso Wanninkhof, y ante esa crítica malévola solo esta familia ha salido en defensa de la UCO, ni la misma UCO ha dicho esta boca es mía".
Finalmente, advierten, "no vamos a descansar hasta que el ministro de Interior nos reciba y nos dé una respuesta acorde a la gravedad de los hechos, porque estos hechos no pueden quedar impunes por la propia seguridad nuestra y de la sociedad de este pueblo. Solicitamos cordura y sentido común".
