Antes del inicio de la huelga de los funcionarios, en los juzgados gallegos se acumulaban ya unos 126.000 casos por resolver. Pero la situación de colapso se agravará si no se pone fin a un conflicto que en su tercera jornada continúa enquistado. En una rueda de prensa celebrada esta mañana en Santiago, el portavoz de los siete sindicatos convocantes, Manuel Díaz, ha alertado de que cada semana de huelga supondrá un retraso adicional de un año en la administración de justicia gallega. De media,
cada día se suspenden entre 600 y 800 juicios,
a los que hay que sumar otros procedimientos. Como los viernes no suelen celebrarse, en los tres primeros días de protesta se han anulado ya alrededor de 1.400 juicios. Sin embargo, desde la Xunta matizan esta cifra. El vicepresidente Alfonso Rueda ha afirmado que no se celebra tal cantidad de juicios al día en la Comunidad.
Díaz ha responsabilizado a la Xunta del perjuicio causado a los ciudadanos por no querer sentarse a negociar una subida salarial para los trabajadores de la justicia. Aunque la administración gallega, por su parte, culpa los funcionarios de dinamitar el diálogo. El portavoz del comité de huelga ha explicado que además de los juicios que no se celebran, también se producirán retrasos debido a que hay casos que no están entrando, ya que sólo se atiende a lo más urgente. «Las actuaciones en el registro civil están prácticamente paradas, si alguien necesita una fe de vida para cobrar una pensión o cobrar una herencia no puede hacerlo», ha ejemplificado. «Va a haber un perjuicio económico a los ciudadanos de muy díficil evaluación pero muy grande», ha aseverado.
Este viernes los trabajadores siguen manteniendo el pulso con la administración gallega a la que reclaman que suba el complemento autonómico de sus salarios para situarse en la media de las comunidades y también que se les abone el sueldo íntegro desde el primer día de baja, como ocurre con jueces y letrados. Según los sindicatos, la cifra de seguimiento en la tercera jornada de paro se sitúa alrededor del 90%. Vicepresidencia, por su parte, rebaja la cifra a casi el 38%. Sin embargo, unos y otros hacen de forma diferente las cuentas. La Xunta incluye para calcular el porcentaje al personal que está cumpliendo los servicios mínimos y al que cuenta con una baja justificada y, por lo tanto, no puede sumarse a la protesta.
Los sindicatos elevan el tono
La distancia entre la Xunta y los trabajadores parece cada día más grande. Los sindicatos convocantes de la huelga elevaron ayer el tono contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que acusaron de «manipular, mentir y engañar» y de tener «una bajeza ética sin paragón», entre otros apelativos. Tras el Consello de la Xunta celebrado el jueves, Feijóo retó a los sindicatos demostrar con datos que la subida que les ofrece la Xunta y ellos rechazan no los colocaría en la mitad de la tabla salarial de las comunidades autónomas. Las centrales han asegurado que recogen el testigo y han intentado explicar las falsedades, que a su juicio, está transmitiendo la administración gallega. En primer lugar aseguran que no es cierto que no se pueda establecer una subida salarial ya en 2018 debido a que aún no se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Afirman que la Xunta podría acogerse a un artículo de la ley orgánica del poder judicial, que ya se usó en el pasado.
También matizan que demanden una subida salarial del 16%, unos tres mil euros anuales, como afirma la Xunta. Aseveran que están dispuestos a bajar esta cantidad, siempre que se los coloque en la mitad de la tabla autonómica. Pero para definir el promedio, como en el caso del seguimiento, cada parte realiza los cálculos a su manera. En la tabla que ha ofrecido la Xunta estos días y tras aplicarse la subida en el año 2021 de 75 euros al mes, un gestor gallego pasaría a cobrar por el complemento 520 euros. Según las estimaciones de la Xunta, ocuparía el noveno puesto de todas las comunidades autónomas. En este punto, según ha afirmado Díaz, la administración realiza «adulteraciones infantiles de los datos y asquerosas manipulaciones». Las centrales censuran que se incluya a Ceuta y Melilla en las tablas para que Galicia aparezca más arriba y también que se cuenten como cinco comunidades a Murcia, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, pese a que todos los funcionarios cobran la misma cantidad al depender directamente del Gobierno central. Actualmente, recuerdan los huelguistas, los funcionarios gallegos sólo superan en salario al territorio del Ministerio y con la subida en 2021, seguirían apartados de la media. «El pueblo gallego no se merece a un farsante de esa categoría», ha afirmado el portavoz del comité de huelga en referencia a Feijóo.
Las centrales se han mostrado dispuestas a retomar las negociaciones en cualquier momento. Piden que el diálogo se retome con el arbitraje del Consello Galego de Relacións Laborais, que ya medió en los primeros encuentros, aunque han aseverado que aceptarán cualquier cita. «La presidenta del Consello de Relacións Laborais intentó hacer este martes una convocatoria que fue rechazada por la Dirección Xeral de Función pública», ha desvelado Manuel Díaz, quien cree que la Xunta busca el desgaste de los trabajadores sin importarle las consecuencias de la huelga para la ciudadanía.
«La Administración autonómica sigue manteniendo su voluntad de diálogo y su última oferta económica, que propone incrementar el complemento autonómico hasta 900 euros mensuales», ha recordado esta mañana Vicepresidencia en un comunicado. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido hoy disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas por la huelga y recordó que la petición actual del comité de huelga en lo referente a salarios, que sitúa en un dieciséis por ciento de aumento, «es inasumible»: «Ni lo podemos hacer ni lo vamos a hacer», advierte.
