Según los letrados del Parlamento de Cataluña la cuenta atrás para la celebración de unas nuevas elecciones autonómica en la comunidad no está todavía en marcha. Así lo explicitan en el informe que han entregado esta mañana al presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, y que les ha costado una semana de tensas deliberaciones.
Los servicios jurídicos del Parlament consideran que el tiempo «no corre» de cara a convocar nuevas elecciones en Cataluña porque, según su criterio, todavía no se ha celebrado un primer debate de investidura. En este sentido, el documento de los servicios jurídicos considera que el aplazamiento de la sesión de investidura «no se produce como consecuencia de una voluntad deliberada, sino de la decisión de un órgano externo al Parlament», en este caso el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno.
Según los letrados, las disposiciones estatutarias y legales no permiten considerar que el hecho de que hayan transcurrido los diez días para presentar un candidato suponga en consecuencia el inicio del plazo de dos meses para la disolución anticipada del Parlament.
Por lo tanto, prosigue, «mientras no recaiga una decisión de la impugnación presentada por el Gobierno, se puede considerar suspendido el plazo de diez días para la presentación al pleno, al menos hasta la resolución (del TC) que acuerde la admisión o no de la impugnación del Gobierno del Estado». A su juicio, la decisión del TC «puede afectar a la viabilidad de la candidatura (de Carles Puigdemont) desde el punto de vista jurídico y eso hace necesario esperar para ver su contenido y los términos concretos en que se produce, para valorar los efectos».
Para que empiece a correr la cuenta atrás de dos meses que obligaría a celebrar otras elecciones debe darse una situación «equivalente» a una primera votación del pleno de investidura que nunca ha llegado a producirse -por el «aplazamiento» del pleno- y los letrados indican varias vías para ello. Un camino sería que Torrent comunicara al pleno «la constatación de un bloqueo político que impide que prospere un candidato», y otro sería abrir una nueva ronda de contactos con los grupos para buscar un nombre alternativo al de Carles Puigdemont.
Los letrados también consideran que si Torrent no impulsa el acto equivalente a una votación fallida sin justificación objetiva y transcurrido un plazo razonable, se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente «mediante los instrumentos correspondientes».
Así los letrados señalan tres vías para que la situación actual de parálisis de la Cámara no se eternice: que Torrent comunique que hay un bloqueo político, que busque un candidato alternativo o que sean los grupos quienes tomen la iniciativa. Cualquiera de las tres vías que se utilice activará la cuenta atrás de dos meses para encontrar a un presidente; la ley fija que, si transcurrido este tiempo los partidos no se ponen de acuerdo, se vuelven a celebrar elecciones.
