El fondo estadounidense Pimco y otras cuatro firmas de inversión han criticado que la Junta Única de Resolución (JUR) ha invitado a los potenciales compradores del Banco Popular a ofrecer prácticamente "nada" por la entidad, lo que indica que ya había optado por aplicar pérdidas a bonistas y accionistas.
"La carta de proceso de venta invitó al comprador a hacer ofertas a un precio mínimo de un euro, o en la práctica nada, indicando por lo tanto que la oferta inicial de la JUR era imponer pérdidas a las acciones y los bonos", dijo en un comunicado el despacho de abogados Quinn Emanuel, que lleva sus reclamaciones ante los tribunales españoles y europeos.
Los fondos, que calculan que perdieron en total 850 millones de euros con la resolución del Popular, vendido al Banco Santander por un euro tras amortizar a cero acciones y deuda subordinada, reaccionaron así a la publicación la semana pasada por parte de la JUR de las versiones no confidenciales de documentos relacionados con la operación.
Pimco, Anchorage Capital Group, Algebris Investments, Ronit Capital y Cairn Capital creen que la JUR "ignoró" el hecho de que la consultora Deloitte, que valoró la entidad de cara a su venta, señaló que la valoración más fiable sería "la mejor oferta hecha por un comprador potencial en el proceso de venta privada que estaba en marcha".
Por el contrario, argumentan, la JUR se basó en la horquilla que ofreció Deloitte, que estimó que en el mejor escenario el valor era de 1.300 millones de euros y, en el peor, un valor negativo de 8.000 millones de euros, siendo su mejor estimación 2.000 millones negativos.
Y añaden que fue así a pesar de que la propia consultora había advertido que su valoración era "altamente incierta y provisional", que no había tenido acceso a "información crítica" y que sólo tuvo acceso limitado a los directivos y auditores del Popular.
Los fondos criticaron además que las versiones no confidenciales publicadas por la JUR tras eliminar las partes que consideraron sensibles omite la información sobre la salida de depósitos y liquidez que llevó a la resolución y el volumen de liquidez de emergencia que recibió el Popular del Banco Central Europeo (BCE) antes de que este le negase el acceso.
Tampoco revela la conclusión del análisis de Deloitte sobre si los acreedores habrían estado mejor en caso de liquidación de la entidad, ni la metodología que usaron la consultora y la propia JUR al hacer sus respectivas valoraciones.
"Esto es una nueva negación de los derechos fundamentales de las partes agravadas", dijo el gabinete de abogados, que critica que la redacción de los documentos haga "imposible" para estas evaluar si la resolución fue legal o no.
