La Consejería de Sanidad se enfrenta a un nuevo conflicto, larvado semana tras semana, en esta ocasión con el colectivo de médicos funcionarios interinos. En total, son unos 750 profesionales, que en su día no tenían obligado el MIR, que fueron contratados para cubrir puestos en consultorios de pueblo y por diversos puntos cardinales de nuestra amplia comunidad rural.
Como no se convocaban oposiciones regularmente, como indica la propia ley, esas personas seguían desempeñando su trabajo sanitario, algunos con más de 30 años de antigüedad, en una especie de limbo legal que el propio sistema permite. De hecho, hoy ese colectivo pasa en su amplia mayoría de los 50 años de edad y ya han hecho su carrera profesional y personal en los diversos lugares contratados.
Pero, fíjate por donde, ahora se quiere regularizar esta situación y convertir en lo que llaman estatutarios a estos funcionarios interinos, que no es otra cosa que hacerles pasar un examen como si fuese su primer día de trabajo. Hasta ahí podría ser, pero cuando se habla de baremación comparativa, digamos, con otras generaciones de galenos más jóvenes, resulta que los años trabajados se quedan prácticamente en agua de borrajas frente a otros méritos de los más modernos. Todo ello hace que partan de un punto de salida al temido examen con menos garantías y posibilidades que el resto. Y ahí se armó el lío.
De momento andan un poco descabezados por provincias, pero en León, por citar algo conocido, ya tienen dispuesta la pugna con el Sacyl. Ha habido contactos personales con el propio consejero, pero no parece haberse avanzado nada. El último recurso, dicen que no quieren llegar a ello, es la huelga y colapsar buena parte de las consultas del medio rural de Castilla y León.
Veremos en qué queda el asunto, pero la vía judicial me da que pondrá claridad a este desaguisado sanitario.
