La Cámara autonómica volvió a la actividad después de las vacaciones navideñas que en el ámbito parlamentario duran como es conocido hasta febrero. Los asuntos centrales de la sesión de control al Gobierno fueron en cualquier caso los mismos que en diciembre. De hecho, no es arriesgado asegurar que fueron los mismos que los últimos diciembres: las deficiencias de la sanidad, las luces y sombras del empleo o la necesidad de reformar un sistema de financiación del año 2009 y que la Junta insiste en que le ha generado a la región un déficit de transferencias de 5.522 millones de euros.
La Cámara arrancó por tanto un nuevo curso parlamentario que enciende las candilejas de la décima legislatura. En el mejor de los casos –esto es, si no hay adelanto electoral y los comicios se celebran en la primavera de 2019– quedan diez meses parlamentarios hábiles. Poco tiempo para sacar adelante todas las iniciativas que aún están en el cajón. Ciudadanos es el partido más preocupado por el reloj parlamentario y así se lo trasladó el líder regional de esta formación a la presidenta andaluza. Juan Marín dio por hecho que algunas de sus leyes estrella incluidas en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Cs en junio de 2015 no verán la luz. No hay tiempo material para ello porque lo que no esté en trámite parlamentario en marzo –abundó Marín– tendrá que esperar a la siguiente legislatura, en la que de nuevo se pone el contador a cero.
Varios proyectos legislativos de Ciudadanos están abocados a una mejor ocasión. Uno de ellos, crucial para este partido, es la reforma de la ley electoral en la que lleva trabajando un grupo de expertos desde abril de 2016. A la perfección se cumple la máxima de que no hay mejor pudridero para una iniciativa que una mesa de trabajo. El Consejo de Gobierno tampoco ha aprobado aún el proyecto de la Ley de Agricultura pese a que es otra de las leyes que incluyó Ciudadanos en su acuerdo con el PSOE. Viene heredada de la legislatura anterior y la prometió Griñán en su último discurso de investidura que pronunció en la Cámara andaluza el 2 de mayo de 2012. Ahora el anteproyecto de ley va, como informó recientemente LA RAZÓN, por el quinto borrador. La última fecha para la entrada en la Cámara autonómica que dio el PSOE fue la de septiembre del año pasado.
Marín apeló también a la supresión de los aforamientos, un compromiso que asumió personalmente Susana Díaz tras la reunión bilateral que mantuvo con Juan Marín en el Palacio de San Telmo en mayo de 2017, justo después del batacazo en las primarias. Del mismo modo, hay proyectos de ley que están en trámite como el de la Formación Profesional que también es complicado que vean la luz antes de que el Parlamento eche definitivamente la persiana debido a las numerosas correcciones que proponen los grupos y a los reparos que acumula de órganos como el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social.
«El tiempo se va acabando», deslizó Juan Marín. Recordó que en su partido son «gente de paz» y no le gustan las «batallas políticas», pero están dispuestos a llevar algunas de estas iniciativas a la Cámara en forma de Proposición de Ley si no salen antes de marzo como proyectos legislativos del Consejo de Gobierno. «El mayor enemigo de la verdad es el tiempo señora Díaz», insistió desde su escaño el líder de la formación naranja.
La presidenta de la Junta no ofreció ningún horizonte temporal concreto a pesar de que ratificó que su mejor patrimonio es su palabra. El hecho de hablar en pretérito –«la lealtad ha sido mutua en este tiempo»– ilustró bien el tono de un tiempo legislativo que está dando las últimas boqueadas. Susana Díaz tiene el trabajo hecho. Con los presupuestos recién aprobados y el camino expedito hasta 2019, ahora la presión de Ciudadanos es eso que los ingleses llaman clavar una aguja en la pata de un oso. A la presidenta de la Junta le basta la inercia de la buena marcha de la economía y la creación de empleo pese a que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, le afeara que no está aprovechando el «fuerte viento de cola de la recuperación».
Díaz se llevaba los datos bien estudiados. Los del Inem de enero que se conocieron ayer no fueron buenos en Andalucía como tampoco lo fueron en el conjunto de España. Enero es un mes malo. El paro creció en la región un 1,35 por ciento hasta los 836.494 personas. El presidente del PP-A le recordó a Díaz que su compromiso de bajar de los 800.000 parados en 2017 ha quedado en agua de borrajas. No obstante, la presidenta de la Junta aprovechó la munición de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre que ciertamente no deja en mal lugar a la región, ya que el paro bajó en el último año, según este medidor, en 159.700 personas, un 14,26 por ciento frente al 11,1 por ciento a nivel nacional. Y se crearon 126.400 empleos, un 4,44 por ciento frente al 2,6 por ciento del conjunto de las autonomías. La presidenta de la Junta trató además de llevar los datos a su terreno como una conquista personal al señalar que desde que llegó a San Telmo en septiembre de 2013 la región tiene medio millón de parados menos. Una cifra redonda que apunta con cobrar fortuna. Otros datos económicos de los que hizo bandera fueron el récord de exportaciones o de un Producto Interior Bruto (PIB) regional que llegará a los 166.000 millones de euros. «2018 será un buen año económico». La frase la repitió Díaz como un martillo pilón. Y probablemente sea una de las que más repita en lo que queda de –corta– legislatura.
Los datos económicos y laborales encierran también sombras. Y la más alargada tiene que ver con el diferencial que separa a Andalucía del resto de España. Por ese flanco atacó el presidente del PP-A. Moreno incidió en que otras regiones están aprovechando con más fuerza la recuperación. Puso el ejemplo de Galicia, en la que se ha reducido el paro 4 puntos más que en Andalucía o incluso una comunidad gobernada por el PSOE como es Aragón, en la que la reducción ha sido el doble. «¿Cuánto empleo podríamos crear si en Andalucía hubiera ambición, si hiciéramos las cosas bien?», deslizó el máximo dirigente del PP andaluz en relación a los 2.365 millones de euros que la Junta no ha gastado en políticas activas de empleo o en los 6.700 millones no ejecutados en inversiones productivas.
Susana Díaz asumió el amplio diferencial con España en materia de empleo, aunque también trató de amortiguar los datos poniéndolos en perspectiva. Actualmente Andalucía –señaló– tiene 7,8 puntos más de paro que el conjunto de España. Durante la crisis ha alcanzado los 11 puntos.
