El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera va un paso por delante, en lo que a democracia participativa se refiere. Será el primero de la España autonómica que dará voz y voto a las entidades sociales en los ámbitos de actuación de su Ejecutivo. Éste es el objetivo del Anteproyecto de Ley de «Diálogo Civil y Democracia Participativa», que aprobó en su último reunión semanal, tras la que lo presentó el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
De esta forma la Junta cumple un nuevo compromiso de investidura del presidente Herrera, e implicará a los ciudadanos y organizaciones en la elaboración de planes, estrategias o programas que podrán presentar como iniciativas.
«Más transparencia, más colaboración y más participación. Por aquí camina la democracia del siglo XXI», aseguró De Santiago-Juárez, aunque quiso dejar claro que con este modelo «no se hurta el papel de los representantes políticos» elegidos por la ciudadanía, ya que este modelo «no debe interferir ni con los acuerdos en el ámbito de las Cortes ni con los del Diálogo Social».
Lo podrán ejercer los movimientos asociativos que están presentes en los 30 consejos de participación de la sociedad civil que hay en todas las áreas de la Administración regional. En lugar de hacer un plan y llevarlo al Consejo de participación social correspondiente, ahora «desde el inicio estará presente en la elaboración, aprobación y evaluación», subrayó el vicepresidente.
Además, una «Plataforma del diálogo civil», dentro del Portal de Gobierno Abierto de la Junta, difundirá toda la información sobre el trabajo de los órganos.
Tanto los ciudadanos de Castilla y León -un mínimo de tres-, como las organizaciones de la sociedad civil, podrán plantear las «iniciativas ciudadanas». Por último, el anteproyecto ofrece la posibilidad de presentar «consultas populares no referendarias».
