Más de la mitad (53%) de los juicios y vistas en juzgados de lo Social se suspenden. Esta circunstancia junto al hecho de que es una jurisdicción especialmente sobrecargada han llevado a los profesionales que dependen de ella a solicitar una medida extraordinaria: que se publique un ránking con los jueces que más sentencias revocadas acumulan. El presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, José Blas Fernández, cree que ese control aligeraría la carga de estos juzgados y de los mercantiles, con señalamientos en 2020 debido al colapso. «Son dos pilares muy importantes porque gestionan demandas por despidos, invalideces... No puede ocurrir como en Algeciras donde el juzgado tiene dos mil asuntos por ejecutar. Incluso con la sentencia puesta no se puede llevar a cabo por falta de medios», denuncia.
Fernández considera que la especialización de los titulares y la publicación del citado ránking contribuirían a agilizar el sistema judicial. «Queremos saber qué jueces son los que más sentencias les echan abajo desde los tribunales superiores. El trabajador suele recurrir porque no le cuesta nada, pero cuando el TSJA revoca sentencias deberíamos saber cuántas hay. Eso no se controla ni hay ningún medidor», insiste. «E igual con los del TSJA cuando actúa el Supremo. Si hay muchas revocaciones, algo fallará», concluye.
En su última memoria anual, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reflejaba que en la jurisdicción penal se confirma la sentencia de primera instancia en el 79% de los casos; en la social en un 76%; la jurisdicción civil lo hace en un 64%, mientras que el contencioso-administrativo tiene un porcentaje en torno al 82%. No lo detalla sin embargo por juzgados. Fernández no carga toda la responsabilidad sobre los jueces, aunque insiste en que su falta de especialización supone una rémora. «En su gran mayoría no conocen el derecho laboral ni la seguridad social. Lo social es muy cambiante, como ha ocurrido con la última reforma laboral, que ha modificado todo el sistema», se queja, para admitir a continuación que «los profesionales buscamos muchas veces alargar los procedimientos. Somos culpables de muchos recursos que se hacen y se colapsan los juzgados».
Hay muchos otros aspectos estadísticos que permiten hacerse una idea de las necesidades de cada juzgado. Cada año, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial publica los asuntos pendientes, la tasa de resolución, el número de sentencias emitidas o el porcentaje de suspensión en cada jurisdicción. Según esos datos, en Andalucía la media para abordar demandas relativas a asuntos sociales supera el año, en concreto 13,4 meses, el doble que en 2009 y solo superada por Baleares –diez meses a nivel nacional–. Los conflictos colectivos se resuelven en 13 meses; si se trata de un despido, en teoría asunto prioritario, la primera vista se prolonga siete meses. Para la reclamación de cantidades se estira casi un año y medio (16,5 meses), algo menos si se pleitea contra la Seguridad Social. Cuando se trata de demandas por accidentes de trabajo o enfermedades laborales los afectados deben esperar dos años para que se analice su caso, encabezando la comunidad esta lista negativa. Cuando se eleva un recurso al TSJA, éste tarda una media de seis meses en pronunciarse, según el CGPJ –casi once en los recursos de suplicación mercantiles–. La traducción de este atasco se percibe con mayor nitidez en casos particulares como el de un trabajador de Algeciras que lleva tres años aguardando la ejecución de una sentencia favorable por despido improcedente. «En ese tiempo –relata el presidente de los graduados sociales– ha agotado la prestación por desempleo sin que se ejecute la sentencia, que salió al año de presentarse la demanda».
En el ámbito laboral, donde los litigios por despidos se han reducido a 15.347 frente a los 16.673 de 2015, identifica como uno de los grandes problemas que «judicialmente al autónomo se le trata igual que a cualquier empresa. El trámite legal es el mismo. Pedimos que tengan un tratamiento distinto aquellos que tengan menos de diez trabajadores porque un autónomo no puede hacer frente con la misma solvencia».
Para Fernández, el avance más significativo ha sido la incorporación del sistema Lexnet, que permite realizar todos los trámites telemáticamente, ahorrando tiempo a los implicados. Su propuesta, que trasladó recientemnete a la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, incluye aumentar los funcionarios destinados en los juzgados y crear una comisión integrada por profesionales y administraciones involucrados para lograr una coordinación que, asegura, actualmente no existe.
