Los 6,6 millones de euros que Convergència, si el Supremo no dice lo contrario, tendrá que devolver por haber cobrado comisiones ilegales a través del Palau de la Música podrían no ser los últimos. Jueces, Fiscalía Anticorrupción y Guardia Civil persiguen el rastro del 3% y tienen en el punto de mira varias adjudicaciones de la Generalitat de Artur Mas y de ayuntamientos convergentes.
La investigación más avanzada se encuentra en el juzgado de instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona). En esta causa, a diferencia del caso Palau, la investigación sí ha alcanzado, además de los extesoreros, a cargos convergentes que habían ostentado responsabilidades políticas. El más destacado, el exconseller de Justicia Germà Gordó, expulsado del PDeCAT a raíz de su imputación en el caso del 3%, del que la Fiscalía le considera "el conseguidor".
Hay cinco obras públicas que mantienen a Gordó bajo sospecha: el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones.
En el auto por el que se acordó su imputación, se destaca que Gordó "negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones" con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, también imputado en la causa, y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.
Asimismo, según Anticorrupción, el extesorero de CDC Andreu Viloca llevaba un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones en poder de Convergència y jugaba un papel clave en el control del supuesto pago de comisiones al partido. Así se desprende de la agenda del extesorero, reconstruida a partir de los documentos que la Guardia Civil intervino en una trituradora en el registro de su despacho en agosto de 2015.
Además del caso Palau, la confesión del expresident Jordi Pujol de que había mantenido durante 30 años dinero oculto en el extranjero, siempre, según su versión, para uso familiar, llevó a Convergència a renunciar a las siglas de su fundador y refundarse en el PDeCAT. La investigación sobre la fortuna oculta del expresident la lleva la Audiencia Nacional, que mantiene imputados al expresident, a Marta Ferrusola y a los nueve hijos del matrimonio por blanqueo.
Uno de los hijos del expresident, Oriol Pujol Ferrusola, afronta asimismo un juicio en el tribunal del jurado Barcelona por el caso de las ITV. En este caso las pesquisas han determinado que el dinero de las comisiones no iba al partido sino al matrimonio entre Pujol y Anna Vidal. Pujol Ferrusola reconoció los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, pero la jueza no aceptó su pacto con la Fiscalía al no estar suscrito por todos los acusados.
Por su lado, esperan sentencia tras su juicio en la Audiencia Nacional por el caso Pretoria dos prohombres del pujolismo, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Ambos llegaron a un pacto con la Fiscalía por el que reconocieron haber cobrado comisiones ilegales con las que evadieron más de 15 millones de euros a Hacienda a cambio de intermediar en adjudicaciones inmobiliarias. En el juicio, la Fiscalía mostró una grabación en la que Prenafeta contactaba con Artur Mas para interceder por empresarios que querían reunirse con él para "facilitar cosas".
Y de la gestión de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona también salió una querella de la Fiscalía Anticorrupción que investiga un juzgado, en este caso sobre los contratos irregulares de la antigua mano derecha de Xavier Trias en Urbanismo, Antoni Vives –también imputado por el 3%– en la empresa pública Barcelona Regional.
