La alcaldesa de la localidad de Nerja, en Málaga, la socialista Rosa Arrabal, declaró ayer ante el juzgado de Primera Instrucción número 1 de Torrox que desconocía la existencia del vertedero ilegal del paraje Río de la Miel del municipio nerjeño. Éste, que en 2016 ocupaba 36.000 metros cuadrados, se encuentra ubicado en el ámbito de un parque natural y su gestión está siendo objeto de investigación en el llamado «caso Rubbish».
Durante su comparecencia como investiga la regidora del Partido Socialista se ratificó en su declaración llevada a cabo el pasado mes de junio ante la Guardia Civil en la que aseguró desconocer la documentación que existía en torno al vertedero, y apuntó que en marzo de 2016 se produjo un robo de expedientes urbanísticos en el Consistorio que preside.
La alcaldesa dijo desconocer documentación alguna sobre este asunto e hizo hincapié en que en marzo de 2016, se produjo un robo en el ayuntamiento en el que desaparecieron numerosos expedientes de naturaleza urbanística. Arrabal reiteró que hasta que se inició la investigación por parte de la Guardia Civil ligada al mencionado proceso judicial, los técnicos municipales no le habían informado sobre las cuestiones relacionadas con el vertedero. Está investigada por dos presuntos delitos: uno de prevaricación y otro contra los recursos naturales y del medio ambiente, este último por omisión. No se le impusieron medidas cautelares tras la comparecencia, ya que ni se han solicitado.
Además de la regidora, a lo largo de este mes de diciembre han de comparecer en el juzgado otros cargos públicos como el delegado en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, Adolfo Moreno, que ha sido citado el próximo día 11. Junto a él, ha sido llamado por el juzgado el que fuera alcalde de la ciudad con el Partido Popular, Alberto Arjmijo el día 14. Con anterioridad han comparecido la mayor parte de los 26 empresarios procesados en esta causa. También harán lo propio los concejales de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Municipales, José María Rivas (PSOE) y el de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU) en el Ayuntamiento nerjeño.
La causa, que tuvo su origen en una querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente, parte su investigación del hecho de que se está vertiendo «de manera incontrolada» toda clase de residuos de la construcción y demolición peligrosos, así como grandes cantidades de podas, en el vertedero que existe desde hace unos 15 años. Esto acarrearía «un grave peligro para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas», según el Ministerio Público. Ese espacio viene siendo explotado por una sociedad, formada por cinco empresas; pero con el conocimiento de las administraciones.
