Este viernes por la tarde el Ministerio de Empleo informaba de que las pensiones de diciembre (las ordinarias más la paga extra) ascienden a 17.470 millones de euros. Para afrontar su pago podrían haber utilizado sólo las cotizaciones y el Fondo de Reserva, pero hubiera supuesto prácticamente su desaparición, y esta es una noticia que parece querer evitarse. Así que, como estaba previsto desde el pasado junio, se ha utilizado lo que quedaba del préstamo que el Estado concedió al sistema, tanto para hacer frente a la paga de verano como a la de Navidad.
De este modo, la Tesorería General de la Seguridad Social ha dispuesto de 3.586 millones de euros del Fondo de Reserva (conocido como "la hucha de las pensiones") y ha agotado los 4.206 millones del préstamo que quedaban. El resto (9.608 millones, es decir, la mayoría) se han pagado a través de cotizaciones, un 25% más que lo que se pudo afrontar el año pasado por esta vía.
Tras la nueva disposición, el Fondo de Reserva alcanza un importe de 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002. Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.
Y mientras arrecian las ofertas de planes de pensiones privados conforme se acerca el final del año (es un producto bancario fiscalmente atractivo, que también se nutre del temor al futuro colapso de la Seguridad Social), el debate sobre la sostenibilidad de estas prestaciones está abierto en el Pacto de Toledo, que es precisamente donde se creó la hucha de las pensiones. El principal eje es el de las fuentes de financiación, es decir, si algunas prestaciones deben sufragarse mediante impuestos o basta mantener las cotizaciones de los trabajadores activos como vía para pagar las pensiones, como hasta ahora.
La idea de crear un impuesto cuenta con apoyos tan distintos como los del PP y Podemos. El portavoz del PP en la comisión parlamentaria, Gerardo Camps, declaró esta semana en El Mundo: "Si las cotizaciones no son suficientes por el aumento de los pensionistas y la estructura demográfica, hay que completar los ingresos y se puede hacer vía impuestos. Se puede, por ejemplo, destinar parte de los ingresos impositivos que tiene el país, o también crear un impuesto propio como se hizo en Francia". Es significativo que el PP se muestre ahora favorable a esta opción, que el Gobierno rechazaba de plano cuando la propuso el PSOE en 2016. Los socialistas se mantienen también en esta idea de sufragar las pensiones por la vía fiscal.
Por su parte, Unidos Podemos registró este verano una iniciativa parlamentaria con la que pretendían abrir el debate sobre si las pensiones se deben poder sufragar con una figura tributaria finalista o con un conjunto de figuras tributarias. Como opciones sugerían modificar el Impuesto de Sociedades, potenciar los Impuestos sobre las rentas del capital financiero, la creación de impuestos finalistas, por aumento demográfico, o contribución de solidaridad, o un IVA social.
En la actualidad en España la ley regula la base mínima y la máxima por las que se cotiza. Para este año, la base mínima es de 825 euros al mes para una jornada completa. La máxima se sitúa en 3.751 euros mensuales. Esto quiere decir que los salarios más altos no cotizan a la Seguridad Social por encima de esa cantidad: alguien que cobre 4.000 euros al mes cotiza por los primeros 3.751 euros pero no por los 249 euros siguientes.
Por ello, otra de las propuestas sobre la mesa es la de destopar las bases máximas de cotización, una medida que podría suponer una inyección de más de 8.626 millones anuales para la Seguridad Social, según estima en un informe CCOO, que defiende la propuesta como forma de apoyar la sostenibilidad del sistema. Al respecto, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aboga por elevar las bases máximas de cotización, pero también por eliminar los topes de la pensión máxima, porque, de lo contrario, el sistema de la Seguridad Social se convertiría en "confiscatorio", dice.
Mientras tanto, las pensiones del presente continúan perdiendo poder adquisitivo. Una persona que se jubilara en 2015 con una pensión de 16.000 euros anuales perderá en los próximos 20 años el 25% de su poder adquisitivo, hasta una prestación de algo menos de 12.000 euros, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Un estudio sobre la salud financiera del sistema público de pensiones advierte de que el principal riesgo para el sistema en las próximas décadas es que las pensiones sufran una pérdida "significativa" de poder de compra una vez concedidas. Dicen, eso sí, que volver a ligarlas al IPC no es una solución viable. En 2018 subirán un 0,25%, según el informe presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas.
