La mayor parte de ese importe (9.678 millones) se cubrirá con la recaudación por cotizaciones del propio sistema, en tanto que el resto (7.792 millones) procederán de los recursos adiciones mencionados (fondo de reserva y préstamos del Estado).
Tras la nueva disposición anunciada este viernes, la reserva de las pensiones se quedará en 8.095 millones (precio de adquisición), que suponen un 0,73 % del PIB, con un valor de mercado muy similar (8.084 millones).
Desde su creación en el año 2000 y hasta el 1 de diciembre de este año, el Fondo de Reserva ha generado rendimientos netos que ascienden a 28.932 millones de euros de los que 173 millones se han generado en lo que va de año.
Desde que en 2012 se utilizó por primera vez este fondo, el Gobierno ya ha utilizado 70.851 millones, lo que supone casi el 90 % del total.
En total en 2017 se han necesitado 17.292 millones en recursos adicionales para cubrir las dos pagas extra de verano y navidad, de los que 10.192 millones se corresponden con el préstamo transferido por el Estado, en tanto que 7.100 millones salen del Fondo de Reserva.
Fuentes del Ministerio de Empleo han explicado que esta cantidad es casi 3.000 millones inferior a la que se necesitó en 2016, año en el que se utilizaron 20.136 millones de la hucha de las pensiones.
En su comunicado, el Ministerio ha recordado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, en cumplimiento del Pacto de Toledo.
También ha recordado que la concesión de créditos de la Seguridad Social para garantizar el equilibrio presupuestario no es una novedad en este ejercicio, ya que las leyes presupuestarias entre 1994-1999 ya incluían cláusulas similares.
Para garantizar el pago de las pensiones en un momento de déficit coyuntural de la Seguridad Social, los Presupuestos Generales del Estado de 2017 incorporaron en su disposición adicional novena la concesión de un préstamo a la Seguridad Social por 10.192 millones de euros, que no devenga intereses y con un plazo máximo de cancelación de 10 años a partir de 2018.
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