El exasesor de inversiones para la zona de Iberoamérica del Canal de Isabel II Fernando Troyano ha asegurado este viernes que la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001 fue "prometedora, positiva y un buen negocio" para la empresa pública madrileña y considera que si ahora la Comunidad decide venderla costaría entre 200 y 250 millones de dólares "seguro".
En la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, Troyano ha explicado que trabajó en el Canal y luego como asesor en Buenos Aires, posteriormente para el Banco Mundial para luego volver al Canal como asesor para Iberoamérica, contratado por los directivos Pablo López Heras y Antonio de Cachavera.
No obstante, el compareciente ha indicado que no fue el intermediario entre el Banco Mundial y la empresa de aguas madrileñas para esta compra. "En algún momento ellos solicitaron o tuvieron una relación con el Banco Mundial para obtener referencias de ese negocio y vinieron dos personas del Banco a dar charlas a Madrid y concluyeron que esa compra era razonable.
La relación del Canal con el Banco Mundial se dio independientemente de mí porque ellos lo buscaron. También las empresas inglesas y francesas que intervenían tenían ese tipo de relaciones. Ninguno se hubiera atrevido a entrar sin bendición previa del Banco Mundial", ha indicado.
Fernando Troyano ha indicado que le contrataron específicamente para la evaluación de estos negocios pero su trabajo no fue el de conseguidor, aunque ha apuntado que si descubría algo interesante que comprar lo comentaba. "Dadas las tarifas, ingresos y los gastos aquello salía positivo... Barranquillas era una opción interesante como negocio para la empresa de aguas, era muy prometedor. Ha sido un buen negocio desde el punto de vista del Canal", ha añadido.
Sobre el precio al que se compró, el exasesor ha puesto en valor que la concesión fuera a 30 años. Ahora, con el deseo de la Comunidad de vender sus filiales en América, el compareciente ha apuntado que Inassa "si no se malvende vale tres veces más". "El negocio es que esté en 200 o 250 millones de dólares seguro. Si alguien lo puede vender seguro. Pero las ventas no reflejan ya muchas veces los valores de las cosas", ha concluido.
A continuación, ha declarado en la comisión el subdirector de los Servicios Jurídicos en Canal de Isabel II en 2001, fecha de la compra de Inassa, Juan José Caballero, que ha insistido en todo momento que la operación fue correcta. Además, ha explicado que no despachaba con el director general del Canal pero que la empresa le pidió que acudiera al acto de firma de la adquisición y que chequeara estos documentos.
"Si la empresa lo pide hay que hacerlo. Si está respaldado por despachos de primer nivel, sentí en aquel momento que era mi obligación asistir a ese acto", ha indicado el compareciente, que ha señalado que si se compró a través de Panamá fue por exigencia de los vendedores. La operación costó al Canal 83 millones de euros (casi 99 millones de dólares).
"Los pagos y la forma de pagos determinadas está el contrato, al igual que los destinatarios, que son los accionistas. El contrato, el objeto, el precio y la forma de pago a través de transferencias bancarias con garantía internacional lo garantizaba el contrato permonorizadamente. No fuimos a Panamá con cheques", ha apuntado.
A preguntas de los diputados de la oposición, Caballero ha indicado que a él no le pidieron que investigara si todo lo que se firmaba era legal, sino que asistiese físicamente a la operación de compraventa. "Todo lo que haya podido derivar la evolución no le puede aclarar nada porque lo desconozco y si piden que opine o hable sobre responsables políticos no soy la persona indicada", ha apostillado.
Como conclusión, el compareciente ha asegurado que la operación fue estudiada jurídicamente, "contemplaba todas las autorizaciones y todo fue revisado por todas las instancias externas y internas. Yo no piloté jurídicamente la operación. Los abogados externos que la estudiaron así lo vieron.
Internamente se revisó y tampoco hubo ninguna problemática al respecto y se operó de una manera clara con los informes correspondientes, que quiere ver que se elevaron al Consejo de Gobierno porque no había afán de ocultación. El objetivo era la compra de la empresa que se entendió que desde el punto de vista empresarial era lo correcto", ha finalizado.
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