Los transportistas de mercancías por carretera han anunciado movilizaciones para la primera semana del próximo mes de enero en contra del peaje para camiones que la Diputación de Guipúzcoa cobrará a partir de 2018 en un tramo de la carretera nacional N-I a su paso por esta provincia.
Así lo han acordado el conjunto de asociaciones que conforman el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera en su última reunión.
Además, los transportistas advierten de que extenderán estas movilizaciones para protestar por restricciones y desviaciones que se están fijando para la circulación de vehículos pesados en otras zonas del país, como son La Rioja y Castilla La Mancha.
Por el momento, los camioneros aseguran que las movilizaciones de enero "afectarán a todo el transporte nacional e internacional". "El modo en que esta convocatoria se llevará a cabo se confirmará próximamente por las organizaciones de transportistas que integran el comité", según informó una de ellas, Fenadismer.
"La posición inamovible de la Diputación de Guipúzcoa, pese a la voluntad de diálogo manifestada por el sector, obliga a adoptar medidas de presión contra el establecimiento del nuevo peaje de la N-I", asegura el Comité Nacional del Transporte.
Además, este organismo de interlocución entre el sector y el Gobierno ha avisado de que estas movilizaciones se pueden extender "en caso de persistir" la intención de otras comunidades de imponer desviaciones y restricciones a camiones.
Por el momento, los camioneros han pedido una "reunión urgente" a Fomento con el fin de manifestar su "absoluto rechazo a dichas iniciativas".
Los transportistas se refieren a la prohibición impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) a partir de este sábado, 2 de diciembre, a la circulación de camiones de más de cuatro ejes por las carreteras nacionales N-232 y N-124 a su paso por La Rioja, obligándoles a circular por la autopista AP-68.
En la misma línea, varias regiones están alcanzando acuerdos con el Ministerio de Fomento por los que obligan a los camiones a dejar de circular por determinados tramos de la red de carreteras y les obligan a tomar autopistas alternativas.
Además del caso de La Rioja, estas medidas también se están tomando en la N-I y la AP-1 en Burgos, en la N-120 y la AP-71 en León, en la N-550 y la AP-9 en Galicia y en la N-340 y la AP-7 en Cataluña.
Los camioneros denuncian que estas iniciativas se toman "sin haber consultado al sector", que las considera una "agresión sin precedentes" para un colectivo que "ya contribuye sobradamente a las arcas públicas para, entre otros fines, financiar la construcción y el mantenimiento de las carreteras sobre las que ahora se pretende prohibir su circulación".
Además, las patronales del transporte consideran que Fomento ha "incumplido" el compromiso que adquirió con el sector para que el desvío de camiones desde carreteras nacionales hacia autopistas tuviera carácter voluntario, y no obligatorio como los que se están acordando en los últimos meses.
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