El Senado ha rechazado, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, la constitución de una comisión sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña con motivo del referéndum independentista, solicitada por Podemos y otros grupos para aclarar si fue "desproporcionada".
El Pleno del Senado ha debatido hoy la propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea, PDeCAT, Compromís y Bildu para que se cree una comisión de investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad el pasado 1 de octubre en Cataluña.
Los proponentes y también el PNV quieren que se constituya esa comisión para, entre otras cuestiones, determinar si el uso de la fuerza en la actuación de Policía Nacional y de la Guardia Civil fue "excesiva y desproporcionada" y saber quién les dio la orden de "cargar contra la población que se resistía pacíficamente", según el texto de la iniciativa.
Sin embargo los portavoces de PP, PSOE y Ciudadanos han votado en contra al entender que la intervención fue adecuada, con el fin de defender el Estado de derecho, y que la intención de los proponentes es desviar la atención sobre el incumplimiento de la ley por parte del Govern y el Parlament. Así ha sido rechazada por 201 votos en contra, 45 a favor y una abstención.
El senador de En Comú Podem Joan Comorera ha defendido la necesidad de aclarar, por ejemplo, por qué se dio la orden de acudir a los colegios electorales "cuando ya estaban ocupados y no previamente" y ha subrayado que hubo 1.066 heridos, entre ellos el hombre que perdió la visión de un ojo.
Ha asegurado que los tribunales catalanes suman ya 230 denuncias por las cargas que se llevaron a cabo solo en Barcelona.
Desde el PDeCAT, Elisabt Abad ha incidido en el alto número de heridos, "de los que incluso se han mofado" y en que "no podemos esperar tres meses para saber la verdad como ha ocurrido con el caso del imán de Ripoll", en referencia a la reciente confirmación de que era colaborador del CNI.
Laura Castel de ERC ha abogado por aclarar "si el gobierno se ha extralimitado" y los derechos de los ciudadanos fueron "violados y suspendidos el 1-0", algo que solo puede ocurrir si se activa el estado de excepción.
Desde Bildu, Jon Iñarritu ha criticado que el Gobierno "haya conseguido el récord de que por primera vez en la era moderna que un referéndum haya sido negado violentamente", mientras que el senador del PNV Victoriano Gallastegui ha considerado que "España ha violado el estatus del Gobierno catalán".
En sentido contrario se ha manifestado el senador del PP Iñaki Oyarzábal, que ha asegurado que el propósito de la iniciativa es "desviar la atención de lo que pasó el 1-0 dando una patada a la Policía y la Guardia Civil para desprestigiar su labor" y ocultando "que se perpetró un duro ataque al estado de derecho".
Oyarzábal ha comparado lo que pasa en Cataluña con lo que él vivió en el País Vasco, donde se trató de "estigmatizar" a los agentes y a políticos y periodistas, con el apoyo, ha dicho, de algunas de las fuerza que hoy apoyan la creación de esta comisión.
Desde el PSOE, Luis Manuel García ha defendido que los agentes actuaron en general "con prudencia y proporcionalidad", cumpliendo órdenes legítimas y sin embargo fueron objeto de "vejaciones y humillaciones".
Francisco Javier Alegre, de Ciudadanos, ha dicho que las acusaciones vertidas por los proponentes de la iniciativa son "rotundamente mentira". EFE
