“Yo tipifaría la ilegalización de los partidos que reclaman la independencia”. Esta frase, pronunciada hace un mes por Pablo Casado, encendió la luz de alarma en el PDeCAT, ERC y la CUP y provocó, además, un debate interno en el seno del PP.
En Génova, explican a El Confidiencial Digital altos cargos del partido, “nunca se tuvo muy claro” que la propuesta del vicesecretario de Comunicación se pudiera hacer y, finalmente, los miembros más técnicos del partido lo confirmaron.
Así, las fuentes consultadas por este diario explican que Casado, al igual que Albiol y otros dirigentes que apostaron por la ilegalización de partidos independentistas, se apoyaron en el artículo 6 de la Constitución, que dice, textualmente, lo siguiente:
--“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
La tesis de estos dirigentes es que el PDeCAT, ERC y la CUP, al apostar de forma explícita por la independencia de Cataluña, estaban actuando en contra de la Constitución y, por tanto, podían ser ilegalizados. Esa conclusión, no obstante, era “errónea”, tal y como confirmaron a Génova juristas y expertos en derecho constitucional.
Estos analistas alertaron que el citado texto de la Carta Magna pretendía evitar la fundación de partidos que, en sus estatutos, se declararan abiertamente contrarios al orden constitucional. Una circunstancia que podría provocar su ilegalización pero que, en el caso de los partidos independentistas en Cataluña no se cumple.
Así, una vez revisados los estatutos fundacionales del PDeCAT, ERC y la CUP, en el PP comprobaron que, pese a tener como objetivo la “unidad territorial y la independencia de la nación catalana” -como en el caso de Esquerra-, ninguna especifica que, para lograrlo, se saltará la ley ni persigue “fines delictivos”, por lo que no pueden ser ilegalizadas.
Tanto en Moncloa como en Génova, por tanto, descartan hacer cualquier tipo de movimiento para pedir la ilegalización de los partidos intependentistas, “lleven lo que lleven en el programa electoral”.
