El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley de regulación de las corridas de toros y protección de los animales de Baleares, que prohíbe la muerte del animal durante el espectáculo, por falta de competencias y por incumplir determinados preceptos de leyes estatales sobre patrimonio inmaterial y tauromaquia; y pide su suspensión cautelar.
Así lo ha anunciado este viernes 10 de noviembre el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"El Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo de solicitar al señor presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con determinados preceptos de la ley de Islas Baleares de 3 de agosto de 2017 de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales", ha precisado.
En concreto, ha explicado que los motivos para solicitar la interposición de este recurso son: "que esta comunidad autónoma no tiene en su Estatuto competencias específicas para la protección de animales" y que "la regulación del Parlamento balear incumple determinados preceptos de leyes estatales, tanto las referidas a patrimonio inmaterial como las referidas a la tauromaquia".
Por un lado, el Gobierno considera que esta ley balear "invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes".
También invade, según el Ejecutivo, competencias estatales "en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español y en las de seguridad pública".
A esto se añade que, a diferencia de otras comunidades autónomas, las Islas Baleares no tienen recogido en su Estatuto de Autonomía competencias específicas para la protección de los animales.
El Gobierno ha recordado que en 2016, el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre la Ley catalana de protección de los animales, indicando que "es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural".
Además, Méndez de Vigo ha indicado que el acuerdo al que ha llegado el Consejo de Ministros incluye asimismo la solicitud de "suspensión cautelar de esta ley autonómica".
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