El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha fijado una fianza de 150.000 euros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que pueda evitar su ingreso en prisión. La Fiscalía había pedido prisión incondicional para ella y para otros tres miembros de la Mesa de la Cámara: los exvicepresidentes primeros Lluís Corominas y Lluís Guinó y la secretaria primera, Anna Simó.
Para estos tres miembros de la Mesa, el juez acuerda libertad bajo fianza de 25.000 euros, que deberán consignar en el juzgado en el plazo de una semana. Esta misma medida se aplicará a Ramona Barrufet, secretaria cuarta de la Mesa. A Joan Josep Nuet, el único que no avaló con su voto la inclusión de la DUI en el orden del día del Pleno del Parlament, lo pone en libertad sin ninguna medida cautelar.
La Fiscalía había pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el ingreso en prisión incondicional de Carme Forcadell, de los ex vicepresidentes de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó y de la ex secretaria primera de la misma Anna Simó. Otro de los ex integrantes de la Mesa, Ramona Barrufet, podrá eludir la cárcel si paga 50.000 euros de fianza y el último de los investigados que declaró ayer por rebelión, sedición y malversación en el Alto Tribunal, Joan Josep Nuet (Catalunya sí que es Pot), quedó en libertad con comparecencias periódicas en el juzgado.
Ocho horas se prolongaron las comparecencias de Forcadell y los otros cinco ex miembros de la Mesa, durante las cuales todos ellos marcaron distancia en su estrategia procesal con los antiguos consejeros de Puigdemont: a diferencia de ellos, sí respondieron a las preguntas de la Fiscalía. Y, sobre todo, rebajaron la trascendencia de la declaración unilateral de independencia (DUI) a un mero acto “simbólico” sin efectos juridicos, al tiempo que acataron la aplicación del artículo 155 que acarreó la destitución del Govern y la disolución de la Cámara catalana.lc
Forcadell declaró durante dos horas y cuarto ante Llarena, instructor de la causa, y los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y Fidel Cadena (que en los tres últimos interrogatorios fueron revelados por los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno). La ex presidenta del Parlament aseguró, según fuentes presentes en su declaración, que la DUI no tuvo efectos jurídicos y admitió que “quizá se equivocó” al tramitar las leyes soberanistas.
En su querella, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hace hincapié en que “el Govern necesitaba la intervención de los miembros de la Mesa del Parlament para que se permitiera tramitar y votar” la Ley de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, suspendidas cautelarmente y anuladas por el Tribunal Constitucional (TC) a posteriori. “Sólo con ello se lograba la secesión de Cataluña”, aseguraba Maza, dado que “una vez admitidas para su tramitación en el Parlament, todos los querellados sabían que las leyes iban a ser aprobadas con la mayoría absoluta de los votos de los grupos parlamentarios independentistas y que, a continuación, iban a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional por desbordar claramente el ámbito constitucional de las competencias del Parlament de Cataluña”.
La Fiscalía recordaba en su denuncia que, desde enero de 2016 hasta el pasado septiembre, “los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, en los que se integran los sres. Puigdemont y Junqueras así como la querellada Carme Forcadell, impulsaron y consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación del Estado español, propiciando, tras los correspondientes recursos, numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad y nulidad de todas ellas”.
Según el Ministerio Público, como presidenta del Parlament, “violando y haciendo tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes”, Forcadell posibilitó “en una insólita y arbitraria interpretación del Reglamento”, la aprobación en un solo día de la Ley de Referéndum el pasado 6 de septiembre, una actuación que tuvo su réplica horas después, con el visto bueno a la ley de ruptura.
Todos los miembros de la Mesa eran, insistía el fiscal general, “plenamente conscientes de que la proposición de Ley del referéndum de autodeterminación suponía un ataque frontal al Estado de Derecho, a la Constitución española y a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional” y que su admisión a trámite iba a conducir “necesariamente” a la proclamación de la república catalana.
De esas actuaciones la Fiscalía infiere la existencia de un “concierto de voluntades entre, al menos”, los miembros del Govern, Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa investigados, “que se propusieron, pese a conocer los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, llevar a cabo una resolución aprobatoria del referéndum”.
Con ese comportamiento, además, permitieron según la Fiscalía “que se dispusiera de ingentes caudales públicos para llevar a término el referéndum ilegal”, por lo que también habrían podido cometer el delito de malversación de caudales públicos.
