De hecho, parece que en el PP y el Gobierno se han percatado de que el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y varios exconsejeros por orden de la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional es una baza para el soberanismo catalán, que podría ser aún peor para sus intereses si este jueves se encarcela a Forcadell y a miembros de la Mesa por orden del Supremo. La imagen de una justicia sometida a los designios de la política no beneficia en absoluto a España, sobre todo cuando la campaña del fugado Carles Puigdemont y los miembros del Govern que le acompañan en Bélgica se basa precisamente en denunciar que huyen de la venganza de un régimen autoritario en el que el Estado de Derecho brilla por su ausencia.
El argumento puede ser rotundamente falso por lo que se refiere a la judicatura, pero al Gobierno le cabe la opción de que el fiscal rebaje su petición y sea escuchado por el juez, evitando así el “encarcelamiento masivo” de políticos independentistas que Puigdemont propaga en todas sus declaraciones a medios extranjeros. A priori, hay factores que juegan a favor de Forcadell.
Parece paradójico puesto que es una de las principales agitadoras del proceso independentista, motivo por el que ha sido objeto de varias querellas de las que la última es la que acaba de instar el Tribunal Constitucional por haber tramitado la propuesta de resolución con la que se materializó la Declaración Unilateral de Independencia el pasado 27 de octubre. Pero, desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno y la suspensión de la Cámara autonómica, su presidenta ha optado por un perfil bajo, que contrasta con la beligerancia de Puigdemont y sus compañeros de escapada.
Por otro lado, y a diferencia de los miembros del Govern que fueron cesados en virtud del precepto constitucional, Forcadell sigue manteniendo su cargo hasta las elecciones del 21 de diciembre, por lo que le corresponde liderar la Diputación Permanente, que es el órgano que "vela por los poderes de la cámara" cuando se ha disuelto el Parlament en los periodos entre sesiones. Su imagen siendo conducida a la cárcel en un furgón policial sería algo más que antiestética y atizaría el discurso antiespañol de los golpistas, además de contribuir a la mayor movilización del voto secesionista.
En tercer lugar, el Supremo -el magistrado Pablo Llarena, que es quien lleva la investigación- ha sido hasta ahora menos severo que la Audiencia Nacional con los dirigentes independentistas aforados a los que le ha tocado investigar. En esa situación de aforamiento se encuentran todos los miembros de la Mesa del Parlament, mientras que los exconsejeros del Ejecutivo catalán ya no tienen cargo alguno. De ahí que ellos fueran citados por la Audiencia Nacional. La constatación de la actitud más benévola de Llarena la aportó el auto de admisión de la querella del fiscal, cuando introdujo un delito distinto, el de conspiración para la rebelión, que conlleva penas muy inferiores al de rebelión. Además, hace una semana, que es cuando debía tomar declaración a Forcadell y los miembros de la Mesa, la defensa de los citados solicitó más tiempo para prepararse y el juez retrasó el trámite hasta este jueves.
Durante esta semana, eso sí, el magistrado ha ordenado, a instancias de la Fiscalía, que se ponga vigilancia policial a todos ellos. Los querellados tuvieron que dar su teléfono y un domicilio para que la Policía Nacional, que es la que ejerce las acciones de policía judicial por el Supremo, pudiera llevar a cabo sus labores de control. Se trata del grado más leve en este tipo de controles que se puede establecer por parte de los agentes, siendo habitual que cualquier persona que declara en el Alto Tribunal proporcione sus datos de contacto.
Excarcelaciones y agrupación de la causa en el Supremo
A todo ello hay que sumar la declaración hecha este lunes a Onda Cero por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien dejó entrever su malestar por el encarcelamiento de los miembros del Govern al sostener que, aunque hay argumentos para enviarlos a prisión, “siempre hay un margen para la apreciación” del juez en sus resoluciones. Ahora, no se descarta incluso la excarcelación de los exconsejeros recluidos en la cárcel de Estremera. Oriol Junqueras ya la solicitó el lunes alegando que "el hecho de encontrarse en prisión preventiva lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política", y subrayando que es “candidato potencial" a las elecciones.
La defensa argumenta también que no hay riesgo de reiteración delictiva ni de destrucción de pruebas puesto que, aunque los encausados ostentan democráticamente la condición de miembros del Govern, "acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros y exmiembros del Gobierno". Considera, además, que para evitar el riesgo de fuga hay medidas cautelares “menos gravosas para el investigado y más acordes con las finalidades que orientan el proceso penal" como son la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España o la imposición de una fianza.
No hay que descartar tampoco que el Tribunal Supremo asuma toda la causa abierta en relación con el proceso soberanista en distintas sedes judiciales, una posibilidad que también contempló Lesmes en sus declaraciones y una decisión sobre la que hay diversidad de criterios. El que prevalecerá será el del juez Llarena, a quien corresponde reclamar parte o toda la causa vinculada a la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña y a los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación o desobediencia en diferentes tribunales.
Y es que más allá del Supremo y la Audiencia Nacional, también hay causas abiertas en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y un juzgado barcelonés, el número trece, que es el que ordenó los registros de consejerías y las detenciones de altos cargos del Govern previos a la celebración del referéndum del 1 de octubre. En sus declaraciones, Lesmes apuntó que el Supremo puede "acumular" todas las causas judiciales abiertas si eso contribuye al "buen funcionamiento" de la investigación.
Delito colectivo y futuros aforamientos
Uno de los motivos que podrían inducir a Llarena a reclamar la totalidad de la investigación, según apuntaba este miércoles ‘El País’, es que uno de los delitos de los que están acusados los investigados por su relación con la declaración de independencia es el de rebelión que tiene carácter colectivo, es decir, se comete en grupo y no individualmente. También podría pesar el hecho de que la mayoría de los encarcelados va a acabar formando parte de las listas electorales para el 21-D, lo que significa que si obtienen un escaño se convertirán en aforados y su investigación dependerá del Supremo. Si la Audiencia Nacional no atiende a las razones expuestas en los recursos y los excarcela, lo haría el Supremo una vez que haya asumido toda la investigación.
En el caso de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, la Audiencia Nacional ya ha dejado claro su criterio. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart permanecerán en prisión porque no ha desaparecido el riesgo de fuga. Es más, debido a sus "innegables afinidades" con Carles Puigdemont y los otros cuatro ex consejeros catalanes huidos a Bélgica, el tribunal considera que les "resultará más fácil encontrar refugio entre ellos si deciden abandonar España". Así es como ha justificado la Sección Segunda de la Sala de lo Penal su decisión de mantener en la cárcel de Soto del Real (Madrid) a Cuixart, presidente de Òmnium, que se encuentra en prisión incondicional desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez instructora Carmen Lamela por un presunto delito de sedición.
De momento, además de Forcadell, este jueves están citados Lluís Maria Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa y expresidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí (JxS); Lluís Guinó, exvicepresidente primero de la Mesa y diputado de JxS; Anna Simó, exsecretaria primera de la Mesa y diputada de ERC; Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta de la Mesa y diputada de JxS, y Joan Josep Nuet, exsecretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot.
Lo que no es previsible es que haya nuevos aplazamientos de su declaración ya que el juez Llarena rechazó, hace una semana, la petición de las defensas de que las declaraciones no tuvieran lugar hasta que llegase toda la documentación solicitada. Esto supone que los interrogatorios se realizarán en cualquier caso este jueves, haya llegado la citada documentación o no.
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