El Gobierno andaluz tiene la posibilidad de enmendar su presupuesto para 2018, cumplir el artículo 16 del Decreto Ley 3/2012 por el que se establece una garantía mínima de retribución de 1.000 euros al mes para los trabajadores de la Junta de Andalucía, y acabar con la precariedad laboral a través de servicios públicos subcontratados con empresas que vulneran los convenios de colectivos sensibles como el de los monitores de educación especial. Podemos propone una fiscalización del dinero público que va a parar a subcontratas, reactivar la mesa de seguimiento de los convenios y exigir a las empresas un salario no inferior a 1.000 euros y durante los doce meses del año, incluyendo una enmienda al presupuesto que aumenta la partida destinada al pago de estas trabajadoras en 3,5 millones, hasta los 15 millones.
Patricia Cuadrado, portavoz del colectivo en Sevilla, recordó ayer en el Parlamento que hay reconocidos 1.024 profesionales en una situación «lamentable» desde hace más de diez años: «Cumplimos con la estadísticas: mujeres y precarizadas; somos trabajadoras de segunda categoría, estamos desprotegidas y están teniendo una actitud despiadada». Trabajan a tiempo parcial y no pueden prestar un servicio de calidad, este curso, con un hándicap añadido: «La casuística generalizada es que nos comparten en distintos colegios, dejando desatendidos a unos alumnos mientras atiendes a otros». Además, comparten labor con monitoras que forman parte del personal laboral, cuyas funciones asumen si se produce alguna baja. El sueldo medio es de 745 euros, pagas y vacaciones incluidas. Cuadrado explicó la licitación en Sevilla como ejemplo. «Se licita el servicio en 1,9 millones, las empresas se supone que pagan un millón en salario y tiene casi otro millón de beneficio empresarial. Con esa cantidad se supone que da para pagar doce mensualidades pero es una realidad ficticia. ¿Quién controla ese presupuesto?, se pregunta. «Las empresas se lucran de dinero público a costa de alumnos y profesionales», añadió. La jornada de 25 horas semanales no contempla periodo para planificación, tutorías, reuniones con especialistas... La comisión que debería velar por el cumplimiento de los contratos «no hace nada» y las empresas «hacen lo que les da la gana con nuestros derechos. Estamos sufriendo un acoso indiscriminado por parte de las empresas, que nos amenazan con no pagarnos por no hacer informes trimestrales que se excluyen de la jornada laboral. Si con esta situación Susana Díaz o la consejera hablan de inclusión...».
Dentro de las 440 enmiendas presupuestarias de Podemos, aparece ampliar de 10 a 66 millones la partida destinada a la climatización de los centros educativos. El grueso de las propuestas de la formación morada asciende a 1.270 millones e incluye la creación del Instituto de rescate y modelo productivo (35 millones), incremento de la partida para la renta mínima de inserción (435 millones) o más fondos para la Patrica (120 millones).
