El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón aceptó ayer la petición de la Fiscalía Anticorrupción de conceder la libertad bajo fianza de 400.000 euros al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril –201 días en total a fecha de ayer– por su implicación en presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II.
Si deposita esa fianza, el juez impondrá al ex mandatario madrileño como medidas cautelares la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado de la Audiencia o el más cercano a su domicilio, según el auto de 14 páginas que ayer dictó el magistrado.
González había solicitado en tres ocasiones su excarcelación. Hasta ahora García-Castellón, juez instructor del sumario, y los magistrados de la sala de la Audiencia Nacional que habían visto sus posteriores recursos rechazaron estas peticiones con el apoyo de la fiscalía. El político lo pidió por última vez el pasado 26 de octubre en un escrito en el que alegaba que no había pruebas de su implicación en la trama y rechazaba que tuviera intención de fugarse.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 adoptó esta decisión en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que tras estudiar la última petición del abogado del ex secretario general del PP de Madrid, remitió ayer un informe en el que modificaba su criterio contrario a la excarcelación que había mantenido con anterioridad y se mostraba a favor de medidas «menos restrictivas».
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, el juez entiende que el riesgo de que el ex mandatario madrileño vuelva a delinquir gracias al manejo de fondos en Colombia o Panamá es hoy más bajo gracias a la colaboración judicial con estos países y al avanzado estado de la investigación. En cuanto al peligro de fuga, Anticorrupción resalta que el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial redujeron también dicho riesgo.
Considera la Fiscalía, no obstante, que «concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González». En una nota de prensa, recuerda que la amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es, «a priori, superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer». Y que la instrucción ha puesto de relieve que «podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales».
Ignacio González ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el 21 de abril por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental, tras la llamada «operación Lezo» contra una presunta trama de corrupción de desvío de dinero público en beneficio propio.
