La partida de dinero necesaria para cubrir los gastos de la huida de Carles Puigdemont y parte de su Gobierno de España ya estaba fuera de nuestro de país semanas antes de que produjera la fuga, ya que era una de las alternativas que contemplaban los separatistas dada la deriva de los hechos que se sucedían en Cataluña. La Guardia Civil, según ha podido saber LA RAZÓN, ha comenzado ya la investigación para poder determinar la cuantía y dónde se encuentra este dinero, si está en una cuenta corriente a nombre de un testaferro o bien está escondido, en metálico, en algún lugar de Bélgica.
La previsión, salvo que la Justicia resolviera el asunto con brevedad, es que el proceso de entrega a España de los huidos puede durar hasta tres meses lo que va a suponer un gasto considerable para Puigdemont y sus cuatro ex consellers. Alojamiento, abogados, desplazamientos, comunicaciones, etcétera, conforman una larga lista de gastos que deben ser atendidos y hacen necesaria la existencia de una «cuenta de resistencia» provista con abundantes fondos. Además, Puigdemont tiene que hacer frente al costo de una seguridad personas, ya que la protección de que disponía por parte de agentes especiales de los Mossos D’Esquadra le fue retirada.
Los encargados de realizar las pesquisas siguen ya varios líneas de investigación, toda vez que parece poco plausible que sea un empresario afín, el que pagó el hotel en el que los huidos estuvieron los primeros días, y el que se esté haciendo cargo de todos los gastos. Esta persona debe saber, agregan las citadas fuentes, que puede estar incurriendo en un delito de colaboración para que unas personas se sustraigan a la acción de la Justicia, con lo que ello conlleva de responsabilidades penales.
El dinero podría haber salido, «disfrazado» con cualquier concepto, de alguna partida presupuestaria destinada a incidencias o imprevistos. En este caso, no se tardará en dar con esta irregularidad.
La otra posibilidad, que algunos investigadores ven como la más factible, es que el dinero haya salido de las cuentas de Òmnium y Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyos líderes, los «Jordis», se encuentran presos en Soto del Real. Ambas entidades han recibido en los últimos años subvenciones o donaciones de la Generalitat o de instituciones gobernadas por los separatistas en una cantidad que algunas fuentes aseguran que se aproxima a los 20 millones de euros. Hubiera sido relativamente sencillo tener preparada la cantidad necesaria, guardada en lugar adecuado, por si algunos miembros del gobierno catalán tenían que huir de España. Precisamente, la Audiencia Nacional avaló ayer la decisión de la juez Carmen Lamela de investigar los movimientos bancarios de estas dos entidades en el marco de la causa por sedición.
Parece poco probable que el ex president y los ex consellers en Bruselas se hayan visto obligados a meter la mano a fondo en sus depósitos para atender las minutas de sus letrados y el resto de los gastos en los que están incurriendo. De los cinco dirigentes soberanistas que permanecen en Bruselas, nadie afronta el elevado coste de su defensa en mejores condiciones que Puigdemont, quien aseguró tener un patrimonio por valor de 294.000 euros en su última declaración de bienes conocida. El problema es que en sus cuentas sólo figuran 14.000 euros, ya que el resto pertenece a una vivienda unifamiliar en Sant Julià de Ramis (Gerona). Arrastra, además, una deuda por valor de 126.286 euros.
Los otro cuatro ex consellers que siguen en Bélgica son Clara Ponsatí (Educación), Lluís Puig (Cultura), Meritxell Serret (Agricultura) y Toni Comín (Salud). De ellos, Ponsatí es la que declara un patrimonio mayor, valorado en 237.675 euros, producto de un piso en Barcelona. La antigua titular de Educación también dispone una vivienda al 50% en Sant Cugat del Vallès y del 12% de una casa heredada en Arenys de Mar. Ponsatí fue de las últimas en incorporarse al Gabinete de Puigdemont y no facilitó información de sus cuentas corrientes. Tampoco lo hizo Lluís Puig, quien tan sólo desveló ser titular del 50% de sus propiedades: un piso en Terrassa y una finca con una casa. Todo ello por valor de 89.940 euros. Comín era el conseller «pobre» del Govern de Puigdemont, ya que aseguró no tener bienes inmuebles y unos depósitos bancarios de 44.000 euros.
Sin deudas, eso sí. La lista de fugados en Bruselas la completa Serret, que dice tener 25.443 en cuentas y otros 28.867 en una vivienda en Vallfogona de Balaguer (Lérida).
Los ex consellers con mayores recursos están en la prisión de Estremera y, entre ellos, destaca Josep Rull, cuyo patrimonio suma 919.735 euros (830.193 en inmuebles). En depósitos suma casi 90.000 euros diversificados entre cuentas corrientes, acciones y planes de pensiones.
A continuación de Rull se sitúa Oriol Junqueras, con activos por valor de 393.784 euros: 158.931 en inmuebles y 234.583 en diferentes depósitos.
