La Justicia ha vuelto a paralizar el cambio en la denominación de 52 calles aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Después de que este verano el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 obligara al Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) a no ejecutar la sustitución del nombre de la calle dedicada al General Millán Astray por el de Maestra Justa Freire, ayer, fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 el que tomó una decisión en el mismo sentido. Lo hizo en respuesta a un recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco en el que argumentaba que la modificación del nombre de este medio centenar de vías y plazas era «ilegal». Insistía este recurso en que la decisión adoptada por el Pleno en mayo –con el voto favorable de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP– no tiene amparo en la Ley de Memoria Histórica «de marcado contenido ideologizante que se estaba aplicando de forma sectaria y revanchista por muchas administraciones para negar hechos históricos o cambiar el curso de la historia».
El juzgado, sin embargo, condiciona la aplicación efectiva de esta paralización a que la Fundación Francisco Franco ingrese 60.000 euros a modo de caución. Desde esta entidad consideran «totalmente desproporcionada» la petición de esa cantidad de dinero al tratarse, según recuerdan, de una entidad sin ánimo de lucro. Por ello, iniciaron ayer mismo desde esta fundación una campaña para recaudar los 60.000 euros necesarios para poder activar la paralización en el cambio de las calles.
La fundación recurrente destacó en su recurso que el cambio de la rotulación de las calles tendrá «un fortísimo impacto económico para los ciudadanos madrileños superior a los 55 millones de euros». En este punto, señalaban que de estos millones, seis supondrán un coste directo a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid que pretenden destinarse no a fines públicos y de interés general sino privativos del sector ideológico que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, malversando fondos públicos». Al margen de la petición de los 60.000 euros a la fundación, el juzgado también impone las costas a la Administración demandada (el Ayuntamiento de Madrid), que se fijan en 150 euros «por todos los conceptos».
«Es incomprensible»
Desde el Ayuntamiento de Madrid avanzaron a la agencia EFE su decisión de recurrir esta suspensión cautelar en el cambio de nombre de las calles de reminiscencia franquista. Asimismo, desde el Gobierno municipal de Ahora Madrid consideran «incomprensible» que «el nombre de Francisco Franco» paralice la aplicación de una ley aprobada en un parlamento democrático en 2017. El Ayuntamiento, además de recurrir el auto, solicitará al juez «como medida complementaria» que clarifique el plazo con el que la Fundación Francisco Franco debe abonar la garantía para las medidas cautelares.
