El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido para informar de las medidas penales contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigemont, los miembros del Govern y los integrantes de la Mesa que permitieron tramitar la declaración de independencia.
Maza ha leído un comunicado en el que explica que el Ministerio Fiscal, «en cumplimiento de sus funciones constitucionales de promoción de la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público», ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos, contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, «con total desprecio a nuestra Constitución», el pasado 27 de octubre.
La querella contra los miembros del Govern se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional, que es la competente para conocer de los delitos imputados, ya que los querellados no ostentan la condición de aforados al haber sido cesados en sus cargos. Mientras que la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament que, con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista, se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, al conservar la mayoría de los querellados el aforamiento dada su condición de miembros de la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña.
En sendas querellas se solicita, explica el fiscal general del Estado, que sean citados los querellados para prestar declaración, así como la posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados. El fiscal general del Estado especifica que no se pedirá prisión para ninguno de ellos pero cuantifica la fianza en 6,2 millones de euros.
A partir de ahora, añade Maza, la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley, para garantizar el respeto al Estado de Derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas.
