Carles Puigdemont ya tuvo muchas dificultades para obtener el visto bueno del PDeCAT y de ERC a la inextricable carta que dirigió el lunes a Mariano Rajoy en respuesta a si había declarado –o no– la independencia de Cataluña. Nadie entendió nada en este sentido y, sin embargo, los soberanistas –salvo la CUP– se sintieron muy satisfechos, ya que vieron en ello un gesto de diálogo. El Gobierno, por el contrario, vio algo parecido a una tomadura de pelo, pero recordó a Puigdemont que todavía disponía de margen hasta el jueves para despejar confusiones, regresar a la legalidad y evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución (que conllevará la intervención de la autonomía catalana para restituir su normal funcionamiento).
Pero Puigdemont no piensa mover un palmo su confusa postura expresada por carta. Se limitará a mantener la cortesía institucional y a dirigir una nueva carta al presidente del Gobierno. En todo caso, no piensa renunciar al «mandato» que los catalanes dieron en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Dicho de otra forma, Puigdemont ofrece un diálogo para concretar la independencia de Cataluña y sólo eso.
Haga lo que haga, el presidente de la Generalitat contará con el apoyo de su partido, el PDeCAT, que hoy mismo reunirá a su consejo nacional para cerrar filas con Puigdemont. Los neoconvergentes prevén analizar toda la situación generada en los últimos días, pero no es probable que se censure al president.
En paralelo, el último envite judicial del Estado contra el independentismo parece haber recosido la frágil unidad entre PdeCAT, ERC y la CUP. Ayer, el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Lluís Corominas, coincidió con la CUP en asegurar que ambas fuerzas están trabajando para «hacer efectivos» los resultados del referéndum del 1 de octubre. Pese a este anuncio, evitaron concretar detalles y fechas por el acecho continuo del Estado y Corominas aprovechó para atizar: «España ya tiene presos políticos. No es una democracia».
