El Ministerio de Hacienda podría reforzar el control del gasto y de la recaudación catalana si se aplica el artículo 155 de la Constitución, al tiempo que podría nombrar a una persona de perfil técnico para asumir las funciones del actual consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado durante una conversación informal con los periodistas en el Congreso, que el Gobierno no puede sustituir a un Ejecutivo catalán elegido democráticamente, pero sí reforzar el control de sus cuentas con una persona distinta que sería nombrada por el propio ministerio.
La aplicación del artículo 155 conllevaría un mayor control de la ejecución de los presupuestos de 2017 aprobados por el parlamento catalán tanto en términos de ingresos y de recaudación tributaria como de gastos, han puntualizado.
En este sentido, han recordado que la recaudación actualmente está muy centralizada en términos operativos y que la gestión que hace la Agencia Tributaria Española es de las mejores del mundo.
Además, las mismas fuentes han recordado que el Ejecutivo asume ya todo el control presupuestario de Cataluña, pero han desvelado que el artículo 155 respaldaría un reforzamiento de este control en términos legales y normativos.
Han explicado que desde el último viernes de septiembre hasta los dos primeros días de octubre Hacienda ha abonado cerca de 940 millones de euros en concepto de gastos públicos ordinarios.
Han incidido en que el presupuesto de la Generalitat no cambia, sino que lo que está haciendo el Gobierno es garantizar la ejecución y la gestión de ese dinero.
Por otra parte, también han señalado que en caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocara elecciones autonómicas anticipadas, el ministerio de Hacienda seguiría manteniendo el control de sus cuentas hasta que se formara un nuevo Parlamento y se volviera a la legalidad.
Las mismas fuentes también han dicho que el ministerio ha enviado a la fiscalía al menos dos casos referidos a la posible ilegalidad de contratos vinculados a la celebración del referéndum y relativos a gastos de publicidad.
Se trataría de dos contratos menores por importes de unos 10.000 euros.
