Ciudadanos se apunta, por derecho, el tanto de la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero no se pronuncia en lo que respecta a la «administración paralela», donde, según las cuentas, el Gobierno de Susana Díaz le ha metido un gol. Cuatro años después de la llegada de la presidenta a la Junta, los entes instrumentales continúan con un peso similar y un sistema perpetuado y sin visos de reducirse, como se plasma en el proyecto de Presupuestos de la Junta presentado la semana pasada. Andalucía era una de las cuatro comunidades españolas que noprepasaba la centena de entes, según la fiscalización del Tribunal de Cuentas con datos de 2014, que apuntaba a 133 entidades. La Junta habla ahora de 73 en sus Presupuestos, aplicando el ardid de no contar los que participa junto a otras administraciones. El personal es similar y la dotación presupuestaria actual es un 4,1 por ciento superior. El compromiso del partido naranja era reducir un 25 por ciento la administración paralela.
No sólo no se recorta sino que la asignación aumenta. En concreto, la «administración paralela» de la Junta dispondrá en las cuentas de casi 3.450 millones en transferencias y subvenciones, 140 millones más que la dotación vigente. Según el avance del Presupuesto, consultado por LA RAZÓN, «el conjunto de entidades instrumentales cuenta con una plantilla de 23.899 personas, distribuidas de forma casi paritaria entre hombres y mujeres». Los gastos de personal, según las cuentas de este año, se van a los 970 millones de euros. En concreto, las transferencias de financiación suponen 2.916 millones y las subvenciones y otras transferencias, 534 millones, lo que arroja el total de 3.449.980.123 euros, un 4,1 por ciento más que el ejercicio vigente. Los presupuestos de explotación y capital de los entes instrumentales alcanzan «un total de 4.355,64 millones», un incremento del 2,53%.
El Gobierno andaluz ya volvió este año a aumentar las transferencias y subvenciones a los entes que operan de manera externa a la Administración central y que se articulan en torno a las consejerías. La externalización supone un menor control por parte de la Intervención General de la Junta –el ejemplo está en el «caso de los ERE» y la agencia IDEA– y más opacidad. La asignación de 2017 para transferencias de financiación y subvenciones es de 3.311 millones. En los Presupuestos de 2016, fueron 3.040millones, un 3% más que en 2015. Desde que Susana Díaz es presidenta, las transferencias y asignaciones a los entes instrumentales han aumentado en 389 millones.
Los entes instrumentales son las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria, fundaciones y consorcios del sector público andaluz. Ocho de cada diez euros destinados a la «administración paralela» se dedican al gasto social, el 81,46% del total, justifica la Junta. Casi la mitad corresponde a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, que se lleva 1.186 millones, un 1,6% más que en 2017. Le siguen las entidades hospitalarias y de investigación de la Consejería de Salud, financiadas con 683,2 millones de euros –un 8,5% más–, y la Agencia Pública de Educación, con 430,8 millones. Para la elaboración del proyecto de cuentas públicas de 2018 se han considerado 73 entidades, teniendo en cuenta que «se ha incorporado la entidad Red de Villas Turísticas de Andalucía, al adquirirse por la sociedad matriz la totalidad de su capital social, lo que ha ocasionado una nueva empresa consolidada de grupo, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía». Además, cuatro entidades se han eliminado del presupuesto al preverse su liquidación en este ejercicio.
El informe global del sector público autonómico del ejercicio 2014 del Tribunal de Cuentas, consultado por LA RAZÓN, señalaba que Andalucía cuenta con 133 entes, sólo superada por Cataluña –189– y seguida de Madrid –126– y Galicia –102–. La comunidad andaluza duplicaba en entes a Aragón –61–, País Vasco –68–, Valencia y Asturias –ambas con 57–, Baleares –52– y Extremadura –58–, casi triplicaba a Canarias y Cantabria –ambas con 46– y Murcia –47–, cuatriplicaba a Castilla-La Mancha –36–, Castilla y León –33– y Navarra –34–, multiplicaba por seis a La Rioja –22– y Ceuta –23–; y por 16 a Melilla. Andalucía tenía 15 entes públicos, 49 empresas públicas, 26 fundaciones, 33 consorcios y 10 universidades. De ellos, según el Tribunal de Cuentas, incumplieron la obligación de rendir cuentas dos empresas públicas, cuatro fundaciones y 15 consorcios. En total, 21 entes; por los 65 de Cataluña, 26 de Galicia; o 28 de Madrid. En el ejercio 2014, el último computado por el Tribunal de Cuentas, las entidades públicas andaluzas recibieron 533 contratos de obras, con un precio de adjudicación de 208,3 millones; 7.394 de suministro (349,6 millones); 2.421 de servicios (368,8 millones); 167 de gestión de servicios públicos (299,4 millones); y 120 de otro tipo (9,6 millones). En total, 10.655 contratos por valor de 1.235.726.000 euros. Ninguna comunidad contó con mayor número de contratos en sus entes públicos, lo que argumenta las críticas de la existencia de una red clientelar amparada en este tipo de sociedades. La segunda región es Cataluña con 7.433 aunque su importe sí fue superior con 1.454 millones. De los contratos recibidos, 2.179 siguieron un procedimiento abierto y restringido (849 millones); 1.377 por procedimiento no negociado (174 millones); 7.099 por diálogo competitivo y otros (212,4 millones). «En 2014, Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco han celebrado un significativo mayor número de contratos que el resto de comunidades, con excepción de la última, pues el importe conjunto de los 2.061 contratos comunicados asciende a 375.656.000 euros. Por el contrario, Cantabria y Galicia han comunicado 244 y 315 contratos, cuyas cuantías alcanzan 920.808.000 y 565.513.000 euros, respectivamente». El endeudamiento financiero de las empresas públicas andaluzas fue de 1.149 millones en 2011; 1.174 en 2012; 1.170 en 2013; y 1.317,6 millones en 2014.
