La Audiencia Provincial de Palencia acoge desde hoy el macrojuicio civil por la explosión de gas ocurrida el 1 de mayo de 2007, en la que murieron nueve personas y por la que los afectados reclaman indemnizaciones por más de siete millones de euros.
De esta forma, la vista civil se celebrará diez años después de la tragedia que dejó en Palencia nueve fallecidos, decenas de heridos, y dos edificios derruidos además de numerosos daños en los edificios cercanos.
La causa arranca hoy lunes con los interrogatorios a responsables de Gas Natural, de la compañía de seguros Mapfre y Provilsa, sociedad pública de la Junta de Castilla y León que se encargó de la reconstrucción de las 30 viviendas derruidas tras la explosión.
Durante dos semanas pasarán por la Audiencia 30 abogados y 76 testigos con el objetivo de dirimir las 80 demandas presentadas en las que se reclaman indemnizaciones por valor de más de 7 millones de euros.
Entre ellas 58 demandas individuales, incluidas las de los fallecidos que reclaman indemnizaciones superiores a los 120.000 euros; y otras como las del Ayuntamiento de Palencia, que reclama alrededor de 500.000 euros; la Junta de Castilla y León, que reclama en torno a 2,6 millones de euros, y las compañías de seguros que aglutinan 22 demandas.
El presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, Jose Luis Ainsúa, ha destacado la importancia que tiene para todos los afectados que, después del archivo de la causa penal por la explosión de gas, haya, al menos, sentencias judiciales con las indemnizaciones económicas que reclaman los afectados. Una sentencia que, más allá del valor económico de las indemnizaciones, «marcaría un antes y un después» para los afectados por las explosiones de gas, según ha indicado Ainsúa. Pero además se reclaman los daños morales causados a las personas que tuvieron que abandonar sus casas tras la explosión.
Con todo, el presidente de la Asociación de Afectados, creada tres días después de la explosión de gas, se ha mostrado satisfecho de que «por fin» vaya a celebrarse el juicio civil, siete años después de que se archivara la causa penal y diez años después de suceder la tragedia.
El pasado 4 de octubre las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad una Proposición No de Ley presentada por Podemos y elaborada en colaboración con esta Asociación para impulsar acciones y normativas que garanticen la seguridad de las conducciones de gas.
