De hecho, fuentes del Gobierno han dejado claro que Puigdemont no puede sacudirse el problema contestando al requerimiento que la semana pasada se le envió para que responda a la pregunta (declaración de independencia, ¿sí o no?) con la misma declaración que hizo el martes pasado ante el Parlament:
"Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que el pueblo de Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”.
No obstante, pese a todas las advertencias, es difícil prever que Puigdemont dé una respuesta simple y concisa. Si es no, desencadenará una auténtica tormenta en Cataluña, donde sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, ERC y la CUP, no dejan de presionarle para que solemnice una independencia que todos ellos dan por declarada. Hasta sectores de su propio partido, el PDeCat, le piden que lo haga. Por otra parte, si la respuesta a la pregunta de Rajoy es que sí declaró la independencia, se podrá en marcha el segundo plazo que le dio el Gobierno en su requerimiento, que es el que realmente activará la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Es decir, el Gobierno mantendría hasta el jueves la que se considera "la última oportunidad" de Puigdemont para impedir que se recurra a ese precepto del texto constitucional. Puigdemont tendría hasta las diez de la mañana de ese día para rectificar y volver a la legalidad. Si no lo hiciera, ya no habría vuelta atrás y el Gobierno, en Consejo de Ministros, debería decidir las medidas concretas que pretende poner en marcha.
El Ejecutivo ha evitado hasta ahora especificar en qué medidas está pensando para hacer efectiva la ‘bomba atómica’ de la Constitución española, un artículo que está ahí para que su simple mención disuada de seguir adelante con determinados planes sin que nunca se haya llegado a aplicar. Sólo recurrió a él Felipe González frente al Gobierno canario para forzarle a obedecer determinadas normas fiscales de la UE y la amenaza surtió efecto sin que fuera preciso ir más allá.
En este caso, y ante la previsión de que Puigdemont siga mareando la perdiz para alimentar el victimismo independentista y construir su personaje de mártir de la democracia, hay varias posibilidades. Hasta ahora, se había pensado que al Ejecutivo central le bastaría con arrebatarle las competencias en seguridad interior, el mando de los Mossos, para ser más precisos, con el fin de poder llevar a cabo todas las actuaciones que ordene la justicia contra los cargos autonómicos que han desobedecido las resoluciones del Tribunal Constitucional y se han rebelado contra el Estado.
Junto a ello, es probable que el Gobierno quisiera arrogarse la facultad de convocar elecciones, que es el trámite indispensable para encarrilar la situación política en Cataluña con unos dirigentes que, aunque sigan siendo independentistas si así lo deciden las urnas, sean distintos de los que han incurrido en sucesivas ilegalidades y se han descalificado para un eventual diálogo.
Ahora, en cambio, empiezan a barajarse opciones más ambiciosas como la que planteaba este domingo ‘El Mundo’: la sustitución del Govern actual por un Gobierno de concentración en el que participarían políticos de todos los partidos, incluídas algunas personalidades nacionalistas críticas con el proceso independentista. Entre los nombres que avanza el diario figuran Josep Borrell, Josep Piqué, Josep López de Lerma e, incluso, Josep Antoni Durán i Lleida. Otra alternativa sería colocar al frente del autogobierno catalán a un equipo técnico con una misión: devolver a Cataluña a la legalidad y llevarla a unas elecciones anticipadas.
En cualquier caso, las elecciones son la única salida al embrollo, tanto si se celebran dentro de tres meses como si se dejan para dentro de seis. Y, para ello, lo deseable sería que fuera el propio Puigdemont quien procediera a su convocatoria. Eso suprimiría el engorroso debate sobre si es posible tomar una decisión que atañe a la soberanía del pueblo de Cataluña saltándose el detalle de que solo el Parlament puede nombrar presidente de la Generalitat, y que solo este puede convocar elecciones autonómicas según el Estatut.
Para el presidente catalán sería una vía de escape del atolladero en el que se encuentra, recibiendo constantes presiones para que haga efectiva la declaración de independencia. Además de ANC y Òmnium, las entidades sociales cuya representatividad es más que discutible pero a las que el Govern ha elevado a una categoría equivalente a la de los partidos que se sientan en el Parlament, la CUP es la formación que lo tiene más claro, como lo demuestra el ultimátum que lanzó el sábado.
El secretariado ‘cupero’ ha exigido a Puigdemont no sólo que responda afirmativamente al Gobierno sobre si declaró la independencia, sino que de manera inmediata haga la proclamación solemne en el Parlament. De que se lleve a cabo ese trámite dependerá su continuidad en la Cámara, lo que pone en jaque la legislatura -se prevé un pleno ordinario el miércoles-, ya que JxSí sólo tiene 61 diputados. Además, la CUP anuncia movilizaciones para esta semana.
Más confusa es la actitud de ERC. Mientras su secretaria general, Marta Rovira, amenazó incluso con dimitir tras el pleno del día 10 si no se proclamaba la independencia de una vez por todas, el líder de los republicanos y vicepresidente del Govern, Oriol junqueras, se ha cuidado mucho de decirle a Puigdemont qué es lo que tiene que hacer. Este domingo, en los actos conmemorativos del fusilamiento de Companys, se ha limitado a pedir que se cuide “esta unidad” del soberanismo para poder cumplir el mandato de la mayoría de catalanes de conseguir la independencia y con voluntad de dialogar. "Seguro que hay mucha gente que tiene ganas de dialogar con nosotros y que tiene ganas de reconocer la república catalana", ha afirmado en unas breves declaraciones realizadas ante sus militantes.
Donde sí hay unanimidad es en Cs, PSC y el PP. Defienden aplicar el 155 si Puigdemont responde afirmativamente a la pregunta sobre si declaró la independencia. Todos ellos piensan ya en las próximas elecciones, convencidos como están de que la aplicación de las leyes y la total ausencia de apoyos internacionales al secesionismo no dejan a los dirigentes catalanes más salida que esa.
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