La Guardia Civil atribuye a los responsables de las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente, un papel determinante en el acoso a sus agentes durante el registro de la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre. Hasta el punto no sólo de mantener contacto con el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, mientras se producían esos disturbios, sino «posiblemente de impartirle directrices e instrucciones de cómo se debía actuar». Así consta en el informe del Instituto Armado remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que mañana ha citado a ambos, junto al propio Trapero y su intendente Teresa Laplana, en el marco de la causa en el que les investiga por sedición. En su anterior comparecencia en el citado tribunal, el pasado día 6, la Fiscalía no solicitó a la juez que acordara ninguna medida cautelar contra ellos.
El informe de la Guardia Civil acababa de llegar al juzgado, lo que obligó al fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, a afrontar unos interrogatorios descafeinados (llegó a pedir sin éxito que se aplazara la toma de declaraciones) a la espera de una nueva citación, la de mañana, en la que se antoja más que probable que el fiscal pida a la magistrada que imponga alguna medida cautelar para evitar la reiteración delictiva de los investigados, desde la mera retirada de pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado hasta la prisión provisional, eludible o no mediante el pago de una fianza.
En ese informe, de cuyas afirmaciones deberán defenderse en su comparecencia judicial Cuixart y Sánchez –«los jordis» del independentismo–, la Guardia Civil afirma que ambos se erigieron en «interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, negociando al menos cinco veces con las Fuerzas de Seguridad». En esas negociaciones, plantearon a los agentes (que no pudieron abandonar el edificio hasta las siete de la mañana pese a que los registros concluyeron a las diez de la noche) «diferentes opciones que les convenían para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos».
Ese supuesto control sobre los congregados, continúa la Guardia Civil, tampoco lo utilizaron para «desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes cumplir con las órdenes de la juez». Incluso, recuerda el Instituto Armado, «personas con petos de ANC repartieron agua y bebida» a los manifestantes, «influyendo de forma decisiva en la permanencia en el tiempo de la concentración». Este hecho, unido a los mensajes lanzados a través de Twitter a través de las cuentas de ANC y Òmnium y de las de sus respectivos presidentes tuvieron «un papel decisivo en el mantenimiento de la resistencia».
Algunos de los congregados «pincharon ruedas, destrozaron diversos vehículos» de la Guardia Civil e impidieron a los agentes y a la comisión judicial abandonar el edificio tras los registros practicados.
Durante la actuación judicial, además, Sánchez «comunicó a uno de los oficiales de la Guardia Civil que estaba en contacto con el mayor de los Mossos por si quería hablar con él».
La Guardia Civil enumera en su informe los indicios que podrían llevar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a solicitar la adopción de medidas cautelares contra ellos: la existencia de voluntarios de ANC y Òmnium durante los incidentes, la organización para el reparto de víveres, la instalación de pequeños centros logísticos para avituallar a los concentrados, la presencia de líderes de ambas organizaciones, sus arengas a los congregados, su papel de negociadores ante los Mossos y la Guardia Civil, los daños causados en los vehículos policiales y la «voluntad declarada de impedir la libertad de movimientos de la comitiva judicial y los agentes».
La Guardia Civil añade que otros altercados similares en lugares donde se practicaron similares registros por orden judicial «fueron incitados en muchos casos» por ANC y Òmnium. Respecto a la concentración ante la sede de la Consejería de Economía, el Instituto Armado hace hincapié en que no se puede afirmar que «lo fuese únicamente en términos pacíficos».
Como Puigdemont
Y recuerda que Òmnium hizo un llamamiento, a través de WhatsApp, para «aturar» (parar) a la Guardia Civil, y que Cuixart y Sánchez, subidos a un coche de la Benemérita, pidieron a la multitud, «alentando a la masa», que la movilización «no se detuviera». Cuixart, incluso, invitó a los congregados a manifestarse ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «hasta que dejaran en libertad a los detenidos», «invitando a que se llevaran tiendas de campaña para pasar la noche». El informe policial también hace referencia a una situación insólita: el pasado 25 de septiembre, una vez la Guardia Urbana de Badalona se había incautado de 25 carteles de apoyo al referéndum se personó en el lugar Cuixart y el teniente de alcalde del municipio y «sustrajeron del vehículo oficial todo el material intervenido» y las personas que protestaban por la actuación de los agentes municipales.
La Guardia Civil atribuye a Sánchez y Cuixart un papel nuclear en el entramado soberanista. Integrantes de un comité estratégico encargado de llevar a buen puerto la independencia de Cataluña, se situarían «en una posición decisoria similar» a la de Puigdemont y Junqueras.
