La instrucción está firmada por el fiscal jefe, José María Romero de Tejada, y va dirigida al mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.
También pide que los responsables entreguen la documentación que posean en relación con la celebración del referéndum, y les apercibe de su obligación de no ceder los centros para el referéndum.
Así, los Mossos deben acudir a los colegios electorales, identificar al responsable y preguntarle si ha recibido alguna comunicación de la Conselleria de Enseñanza --si es centro educativo-- o de otro organismo del que dependa ese colegio electoral. Si la ha recibido, debe entregarla; y si la comunicación fue oral en vez de escrita, debe decir quién se la hizo.
También debe entregar cualquier material que pueda tener sobre el 1-O; por ejemplo, papeletas, urnas, listas de votantes u ordenadores, y Mossos debe requisarlo.
Los Mossos también deberán advertir a cada responsable que dar llaves o claves de seguridad de su local para el 1-O podrá considerarse colaboración en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
Si el responsable ya hubiera entregado esas llaves o claves con un duplicado, "se le advertirá de su obligación de impedir la apertura sin su autorización" y de que debe denunciar inmediatamente que en su centro hay personas ajenas.
Además, la policía judicial debe decirle al responsable que es "rotundamente falsa y sin fundamento legal" toda comunicación administrativa que le garantice que ceder el local le exima de responsabilidades. Y debe advertirle de que tiene que denunciar toda amenaza, coacción o presión que pueda recibir para ceder su local.
Los Mossos d'Esquadra han explicado en la reunión que han expuesto al fiscal que rechazan la coordinación del Ministerio porque creen que el operativo debe estar bajo la Comisión de Coordinación Policial de la Junta de Seguridad de Cataluña, organismo presidido por Carles Puigdemont.
Los Mossos d'Esquadra han alegado ante la Fiscalía que ya están investigando los preparativos del 1-O y disponen de "un plan de actuación" para cumplir la orden del ministerio público de impedir la celebración del referéndum, por lo que creen injustificado que se les aparte de la coordinación.
Así lo afirma el mayor de los Mossos d'Esquadra en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, remitido al fiscal superior de Cataluña, en el que lamentan que haya dejado la coordinación del dispositivo del 1-O en manos de un mando de la Secretaría de Estado porque ello, asegura, "afecta la profesionalidad y el prestigio" de los Mossos.
En su escrito remitido a la Fiscalía, Trapero argumenta que la medida adoptada por la Fiscalía "afecta a la profesionalidad y prestigio" de los Mossos, "respecto a lo que ha sido y es su dedicación y compromiso en el ejercicio de sus funciones de policía judicial, seguridad ciudadana y orden público, competencias que desarrolla con el más absoluto rigor, respeto y lealtad al ordenamiento jurídico".
El Ministerio del Interior ha rechazado las intenciones de los Mossos y ha trasladado que no va a poner en cuestión la decisión del fiscal al ser el 1-O un asunto que ya está judicializado. Así lo han confirmado a Efe fuentes próximas del Ministerio de Interior tras la reunión de coordinación policial, en la que se ha analizado por separado cada uno de los dispositivos de seguridad de los tres cuerpos policiales para intentar unir esfuerzos y reducir los riesgos en la coordinación, con el objetivo de que se cumplan las órdenes de la autoridad judicial con la mayor normalidad posible y sin ningún tipo de perjuicio para los ciudadanos.
El director técnico al que el fiscal ha encomendado la coordinación de seguridad del 1-O, Pérez de los Cobos, ha propuesto que las sedes de las reuniones sean rotatorias, por lo que la siguiente será en la sede de los Mossos d'Esquadra.
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