La Fiscalía considera que la actitud de un guardia civil, acusado de matar de un disparo a Javier Fernández, exbatería del grupo Los Piratas, estaba "justificada".
En la segunda jornada de la vista oral del juicio contra el guardia civil, que en agosto de 2015 disparó al músico en el abdomen cuando trataba de reducirlo, la Fiscalía ha destacado que la situación "fue provocada" por el propio fallecido y que el agente "no tenía otro medio" de defender a su compañero más que dispararle.
El comportamiento del agente "no requiere reproche penal", ya que acudió al domicilio "con la intención de calmarlo" y, ante la actuación violenta de la víctima, "no tenía otra alternativa", según la Fiscalía.
El fiscal consideró que el guardia debe ser absuelto pero si el juez considera que cometió un delito, reclama una condena por un delito de homicidio por imprudencia menos grave profesional y la circunstancia eximente de legítima defensa de terceros, al disparar porque estaba en riesgo la vida de su compañero de patrulla.
Los abogados de la acusación particular, que representan a la viuda, los padres y el hijo de Javier Fernández, han reiterado una petición de condena al agente a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por homicidio por imprudencia grave profesional.
Además, reclaman también que el Ministerio del Interior indemnice con 90.000 euros a la viuda y con otros 112.500 euros al hijo del fallecido.
Los tres letrados han coincidido en que, en la muerte de Javier Fernández, hubo una conducta "imprudente" por parte del guardia civil juzgado y han hecho hincapié en la "falta de proporcionalidad" de su actuación, al hacer frente al músico con una pistola cuando éste solo iba "armado" con un tenedor.
Además, la acusación particular ha apreciado testimonios "contradictorios" durante el juicio, especialmente por parte del acusado, y un atestado policial redactado "ad hoc" para defender al agente encausado.
El abogado de la viuda, Gerardo Gayoso, ha añadido que Fernández "tenía mucha vida por delante" y ha lamentado que "a un músico que fue disco de oro en la época de esplendor de la música en este país se le ha segado la vida de un tiro".
Antes de las conclusiones testificaron ante el tribunal los agentes que examinaron la vivienda de Pontearas (Pontevedra) donde murió y tres de los cuatro profesionales de salud que ese día acudieron a atender al músico, quienes relataron que estaba "muy alterado" y llegó a amenazar de muerte a todos.
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