El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con un potencial de recaudación de 42.000 millones de euros, está "preparada" para aplicar el resultado del referéndum del 1-O, "sea cual sea la voluntad" que manifiesten ese día los catalanes.
En rueda de prensa junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, para presentar la nueva etapa de esta Agencia, que este lunes ha asumido la gestión plena de los principales impuestos cedidos por el Estado y ha culminado así su techo competencial, el presidente catalán se ha referido a la evolución de la ATC, embrión de la futura Hacienda catalana que desea el Govern.
Sobre si la ATC estará preparada el 2 de octubre, al día siguiente del referéndum, para asumir todos los impuestos estatales, Junqueras se ha limitado a comentar que la Agencia Tributaria de Cataluña "se adaptará a los retos que comporte el futuro", y ha insistido en que "pase lo que pase el 1 de octubre" habrá "voluntad de diálogo" con el Estado.
También desde este mes de septiembre la ATC se hará cargo de la recaudación ejecutiva de los impuestos propios y cedidos, es decir, del cobro de impagos, función encargada hasta ahora a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que también se encargaba del cobro de las multas pendientes del Servicio Catalán de Tráfico.
"La ATC tiene un potencial de recaudación de unos 42.000 millones de euros, lo que multiplica por 15 la recaudación efectiva de este año y por 34 la que hicimos en 2015, antes del inicio del despliegue", ha asegurado Junqueras, que ha dicho que la ATC es un ente "homologable a las mejores agencias europeas".
Estos 42.000 millones de euros son el resultado de restar a la presión fiscal total de Cataluña, estimada en unos 75.000 millones, las cotizaciones sociales de los catalanes y los impuestos locales, según han precisado fuentes del departamento de Economía.
"Creo que hoy ponemos las estructuras necesarias para que Cataluña esté preparada para hacer posible la voluntad que expresen los catalanes en el referéndum del 1 de octubre", ha dicho Puigdemont, que ha centrado su discurso en el desarrollo de la ATC y ha evitado responder a varias preguntas acerca de la aprobación, prevista para los próximos días, de la ley del Referéndum y de la Transitoriedad Jurídica.
La principal novedad de la nueva etapa de la ATC es que asume desde este mes el control de los principales impuestos cedidos por el Estado como son el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones, que liquidaban hasta ahora los registradores de la propiedad.
Aunque la Generalitat asumió esas funciones oficialmente el 1 de septiembre, la atención al público empieza este lunes, con 32 oficinas habilitadas en toda Cataluña, 19 de ellas propias de la ATC (las cuatro delegaciones provinciales de la ATC y 15 oficinas más) y 13 más compartidas con entes locales.
Por otra parte, la ATC centralizará a partir del próximo mes de octubre el pago al Estado de los impuestos estatales que corresponden a todo el sector público catalán, es decir, a la propia Generalitat y a unas 180 empresas públicas catalanas, equivalentes a unos 2.500 millones.
Durante la rueda de prensa, el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ha resaltado que la ATC ha pasado de tener 321 empleados en 2015 a 700 actualmente, que serán unos 800 en diciembre.
Junqueras ha tildado la evolución de la ATC en estos años de "éxito colosal" porque la agencia está preparada "para ser la pieza clave del sistema fiscal" catalán, mientras que Puigdemont ha tildado la culminación del despliegue competencial y territorial de las ATC de "gran día".
Frente a quienes "auguraban la catástrofe" se ha logrado una transición "con seguridad jurídica y tecnológica" en tiempo "récord", ha destacado el presidente catalán.
Durante este proceso, la ATC ha asumido como interinos a 220 personas que antes trabajaban para los Registros de la Propiedad.
Preguntados por la indemnización que reclaman los registradores de la propiedad por avanzar dos meses el convenio que tenían en vigor con el Govern, tanto Junqueras como Salvadó han dicho que tienen "derecho" a acudir a los juzgados en defensa de sus intereses, pero han subrayado que el Govern quiere que estos recursos que hasta ahora revertían en este colectivo estén ahora "a disposición" de los ciudadanos.
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